martes 18 de junio, 2019

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Boletín comercial: buen negocio, pero indigno...

Mario Ríos Santander


 Por Sebastián Carrizo

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¿Por qué el Boletín Comercial tiene derecho a publicar el nombre de una persona, si en una relación, comercial, financiera, contractual, de él, privadamente, con un tercero surgió, un asunto que no permitió concluir con la obligación de pago convenida? ¿Quién dispuso que la sociedad sea aliada de un asunto que en nada le compromete?

 

¿Es acaso público una situación que sólo compete a dos personas?

 

¿Y más grave aún, tiene derecho a cobrar el Boletín Comercial para que la persona, una vez resuelto su pago, solicite eliminar su nombre del oprobio público?

 

¿Este buen negocio, de meterse en los asuntos comerciales de dos personas, pudiendo resolverse a través de otras vías, incluso judiciales, es un asunto que la Constitución aprueba sin restricción alguna?

 

Y una última interrogante, ¿La sociedad acepta ser aliada del oprobio público de quien se atrasó en el pago de la tarjeta Retail que le cobra hasta un 36% de intereses anuales?  ¿Es que la soledad del deudor, es un buen acicate para hundirlo en su vida  familiar?

 

¿Hay vida privada en Chile y en el mundo? ¿O ya no tiene valor alguno?

 

La Constitución, nos recuerda que es deber del Estado y la Sociedad, “Art 4° El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. ¿El Boletín comercial y otras empresas dedicadas a la información pública sobre negocios de dos personas, cumplen con esta normativa?

 

Definitivamente no.

 

Reconozco que en mi periodo de senador, debí haber insistido más en la eliminación de este oprobio social. Sin embargo, en el 1995, producto de que algunas empresas, francamente abusivas de la ignorancia social,  indiqué en la LOC de Municipalidades, el actual Art 28, en que manifesté que,  la Unidad Jurídica del municipio, “…podrá asimismo asumir la defensa de la comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determine”. Fue lo más cercano a la gente, el municipio, para estructurar su defensa. Debemos preguntarnos, ¿los miles de contratos, especialmente en el “Retail”, fueron firmados con pleno conocimiento de las partes? ¿Se les comunicó el interés que mensual o anualmente se comprometían a pagar? ¿Conoció que un eventual atraso de ese contrato que firmaban, su nombre se haría público y su eliminación del Boletín, debía cancelarlo ella misma? ¿Se le informó que su nombre en el Boletín, eliminaba cualquier alternativa,  incluso laboral en el futuro? En suma, para que un contrato tenga validez, todo lo anterior, debió haber quedado perfectamente claro. Y seguramente está escrito, pero, ¿tienen un lugar de lectura para que la contraparte puede informarse bien de su contenido?, No es acaso imposible su lectura porque está en la “cola” y la persona que le muestra el contrato, la apura porque atrás viene más gente? Si los alcaldes de Chile toman en sus manos la defensa de sus comunidades, Chile habrá dado vuelta la página de un oprobio indigno en nuestro pueblo. 


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