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Dicho proyecto de ley propone la creación de un sistema solidario para contribuir al financiamiento de los estudios superiores de pregrado. Este será otorgado a los estudiantes por una entidad estatal, sin intervención de los bancos.
La semana pasada fuimos testigos del anuncio del Presidente Piñera de la creación de un Sistema Solidario de Acceso a la Educación Superior, que busca corregir las deficiencias del actual sistema de créditos y evite así que las razones económicas sean un obstáculo para acceder a la educación superior. Con ese propósito, se propone un nuevo sistema que elimina las discriminaciones existentes, asegura que el paso por la educación superior no se traduzca en sobreendeudamiento para los jóvenes y que sea compatible con el desarrollo de las instituciones, cumpliendo así con uno de los principales compromisos del gobierno en materia educativa.
Dicho proyecto de ley propone la creación de un sistema solidario para contribuir al financiamiento de los estudios superiores de pregrado.
Este será otorgado a los estudiantes por una entidad estatal, sin intervención de los bancos.
El proyecto de ley contempla una tasa de interés subsidiada por el Estado de un 2% a partir del momento en que es otorgado, y cuando las personas comiencen a trabajar bajo ninguna circunstancia pagarán más del 10% de su sueldo. Queremos que esta ayuda otorgue posibilidades a gran parte de quienes deseen acceder a la educación superior y la deuda no se transforme en un dolor de cabeza cuando tengan que empezar a pagar.
El esquema de pago del SIFS contempla hasta 180 cuotas (15 años). Una vez pagadas, la deuda se extinguirá sea cual sea el remanente. En el caso de las cuotas que los jóvenes soliciten suspender por cesantía o por tener ingresos inferiores al salario mínimo se considerarán pagadas.
En relación a quienes podrían optar a esta forma de financiamiento, se establece que puede ser otorgado a los estudiantes que, entre otros aspectos, cumplan con ser chilenos o extranjeros con residencia definitiva; que su grupo familiar pertenezca a los nueve primeros decirles socioeconómicos; que se encuentren matriculados en una carrera de pregrado perteneciente a una institución adscrita a este sistema; haber ingresado a la institución de educación superior demostrando mérito académico suficiente y mantener durante su carrera un rendimiento satisfactorio.
En tanto a las instituciones de educación superior se les exigirá estar reconocidas oficialmente por el Estado; seleccionar a sus alumnos con criterios académicos objetivos y transparentes; contar con acreditación institucional y otorgar las garantías establecidas en el proyecto de ley. Adicionalmente, las instituciones de educación superior deberán asegurar que sus estudiantes que obtengan el crédito estatal y que pertenezcan a los seis primeros deciles de ingresos no paguen mientras estudian. Para ello, deberán cubrir aquella parte del arancel real que no cubre el crédito estatal y las becas de arancel estatales con becas y/o créditos propios. Si deciden otorgar créditos propios, estos deben ser con la misma tasa de interés y plazo del crédito estatal.
Este proyecto de ley también incorpora medidas para quienes son actuales deudores del CAE y del Fondo Solidario quienes podrán, voluntariamente, solicitar el traspaso de su deuda al nuevo sistema, para así poder beneficiarse de las condiciones, ya antes mencionadas.
Lo que el Ministerio de Educación busca con la presentación de este proyecto es que ningún joven con voluntad y talento se quede fuera de la educación superior por falta de recursos y hacia allá seguiremos apuntando nuestros esfuerzos.
Daniel San Martín Jara, jefe provincial de Educación Biobío.
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