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Desde los tiempos de la antigua Grecia, la institucionalidad fue la herramienta predilecta de quienes ostentaban y buscaban mantener ciertos privilegios. Las barreras construidas para ejercer el poder y evitar con ello la intromisión ciudadana quedaron registradas en el legado de los principales filósofos de la época.
Aristóteles (384-322 a.C.) separaba las formas puras e impuras de gobierno para diferenciar los que buscaban el bien común de aquellos que rendían pleitesía a los intereses particulares. El filósofo Platón (427 – 347 a.C.), maestro de Aristóteles y seguidor de Sócrates, fue bastante más extremo en su crítica a la institucionalidad de su época; para el filósofo, el marco legal que validaba el disfrute de los bienes materiales por encima de las ideas hacía inviable la democracia como forma de gobierno.
En el siglo XXI, el Estado de Chile optó por abrir sus puertas a la ciudadanía. El inédito acto remeció hasta sus cimientos la estructura institucional del país.
Durante gran parte de la vida republicana en Chile, la influencia y disfrute de una buena parte de la riqueza generada por la actividad económica estaba en pocas manos. Los grupos de poder, amparados por la institucionalidad, tenían la capacidad de pasar inadvertidos la mayor parte del tiempo, pero con fuerte presencia frente a cualquier evento que amenazara sus intereses.
El presente siglo, sin embargo, trajo eventos insospechados e inéditos que complicaron la forma tradicional de ejercer el gobierno. Las redes sociales permitieron el acceso ciudadano a la información clasificada, dejando al descubierto las redes del poder; la Ley de Transparencia obligó a las instituciones públicas a entregar información reservada, dejando en evidencia la infiltración de los grupos de poder en el ejercicio de la función pública; las leyes de protección al ciudadano empoderaron a la población para exigir sus derechos, bajo la atenta mirada de los órganos del Estado. En resumen, el gobierno ciudadano comenzó a instalarse de manera frontal para modificar los mecanismos de gobierno y el ejercicio de la autoridad.
La estructura tradicional entró en crisis. Los partidos políticos, por ejemplo, comenzaron a perder sintonía con la población. La ideología partidaria dejó de ser representativa de los intereses ciudadanos. Las movilizaciones sociales comenzaron a reunir a personas con distintas visiones país, pero con intereses en común: los movimientos ciudadanos por la calidad de la educación y por el sistema de AFP, por ejemplo.
En este nuevo escenario, quienes tengan la responsabilidad futura de conducir el país deberán enfrentar el desafío de construir la política pública con los ciudadanos. Para cumplir este cometido será necesario retomar el gobierno de las ideas con habilidad de persuasión para alcanzar los objetivos trazados, pero de manera inclusiva y participativa.
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