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Opinión

La nueva ley

Mario Sepúlveda, académico de la Facultad de Derecho, Universidad Central


 Por La Tribuna

18-12-2016_19-50-16MarioSepulveda

La acalorada polémica que desde hace algunas semanas hemos presenciado en los medios de comunicación sobre la necesidad de elaborar un proyecto de ley de inmigración que modifique la ley actualmente vigente que data de 1975, debate que debería haberse enmarcado en posturas serias, de cara a la ciudadanía sobre un moderno y eficaz marco normativo que fuera fiel reflejo de la realidad del Chile de hoy, no se produjo, por el contrario, quedó un sabor amargo de una pugna confusa liderada por personeros del amplio espectro político que han antepuesto sus intereses personales, incapaces de abordar un tema importante y sensible con altura de miras.

La encuesta Cadem dio a conocer que un 85% de los consultados creía que los inmigrantes que cometen delitos en el país deberían ser expulsados, luego, algunos de los numerosos aspirantes a la primera magistratura plantearon la estrecha relación entre inmigrantes y delincuencia, lo que obligó al presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Hugo Dolmestch, a entrar en el debate, aclarando que la expulsión de un inmigrante sorprendido cometiendo un delito es abiertamente inconstitucional y vulnera, entre otros, los principios del debido proceso y presunción de inocencia.

Más tarde, el presidente de un partido político de oposición recordó que el 2013, en el gobierno de Sebastián Piñera se había presentado en el Congreso un proyecto de Ley de Migración.

De inmediato, la Comisión Política del conglomerado opositor Chile Vamos, molesta por la despreocupación del gobierno en estas materias, anunció la formación de una comisión sobre políticas migratorias que tendría como documento de trabajo el proyecto de ley del gobierno de Piñera.

Posteriormente, la vocera de gobierno, en una actitud que la oposición calificó de oportunista, explicó que desde el 2014 el gobierno, con una mirada distinta, trabajaba un proyecto que está en la última etapa.

Pero la gota de agua que rebalsó el vaso fueron las declaraciones que realizó hace unos días, en un periódico de circulación nacional, el ex ministro del Interior del gobierno de Bachelet, Jorge Burgos, al explicar que al él le había cabido la responsabilidad de mandar en febrero de este año el anteproyecto a la Segpres, pero que “ahí surgió un inconveniente, que descubrimos que Relaciones Exteriores también había mandado un proyecto”, agregando que “la Cancillería quiere mantener el rol que hoy día tiene” en la fijación de la política de las migraciones “y no desea que la Dirección de Migraciones, ente autónomo dependiente de la Presidencia de la República”, implemente la “gran” política sobre estas materias, denunciando falta de coordinación entre ambos ministerios, lo que nos permite entrever que ha sido causa determinante en el retardo del envío de dicho proyecto.

Por último, el ex ministro añadió que en su momento no se priorizó el proyecto por el gobierno porque el financiamiento era de más de 4 mil millones de pesos anuales y posiblemente más que el presentado por Piñera y “Hacienda no quería seguir gastando más plata”.

Recientemente, la vocera de gobierno, Paula Narváez, informó que no hay una fecha específica del envío del proyecto de ley al Congreso, agregando que dicho proyecto se encuentra en un Comité Interministerial en su última etapa y que luego se tomará la decisión de presentarlo al Parlamento. Esperamos que en dicho Comité ‘Interministerial’ se adopte la decisión de trabajar coordinadamente y en equipo.

No importa que esperemos algún tiempo antes de escuchar vocear a gritos “la nueva ley de inmigración, la nueva ley”, pues Chile carece de una política migratoria definida y dicha política no la resuelve una ley, se requiere además un esfuerzo conjunto y prolongado de todo el país para tratar de cumplir la célebre profecía de Malraux, que “el siglo veintiuno será cultural, o no será”.

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