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Un proyecto del calibre de la reforma tributaria de 2014 ilustra bien el punto. La supuesta mayor recaudación fue una verdad revelada en una simple tabla pegada en una página y media. ¿Cómo se calcularon los números? Hasta hoy un misterio.
La Ley establece que los proyectos de ley del Ejecutivo deben acompañarse de un informe financiero sobre su impacto fiscal a cuatro años plazo. Un sano criterio para una toma de decisiones más informada del Congreso sobre las implicancias presupuestarias. Lamentablemente, en la práctica, los informes financieros parecen responder más una formalidad administrativa que a la cuestión de fondo.
Basta revisar los múltiples informes de los últimos 15 años para llegar a una triste conclusión. En el mejor de los casos no son más que una tabla de doble entrada con un puñado de números sin ninguna explicación detallada. No hay supuestos, no hay modelos, no están las series que sirvieron de base a los cálculos, no hay elasticidades. Tampoco hay efectos fiscales de segunda vuelta. Y ni hablar de efectos en otras variables fuera del erario público, por definición ausentes.
Un proyecto del calibre de la reforma tributaria de 2014 ilustra bien el punto. La supuesta mayor recaudación fue una verdad revelada en una simple tabla pegada en una página y media. ¿Cómo se calcularon los números? Hasta hoy un misterio. ¿Y qué tal si la reforma impactaba la inversión y, por esa vía, al crecimiento y a los ingresos fiscales? ¿Se consideró esa excéntrica posibilidad? El informe financiero no ofrece respuesta a ninguna de estas interrogantes básicas.
Así concebidos, los informes financieros son una caja negra que deriva en un acto de fe sobre lo que el Ejecutivo informa. Y el problema con los actos de fe es que no admiten razones. Algo atendible a nivel de credos personales, pero inaceptable en el debate público. Particularmente cuando hablamos de recursos públicos que compiten por múltiples necesidades.
Es necesario repensar nuestros informes financieros. Al menos en aquellos proyectos de mayor impacto.
Un buen punto de partida sería obligar a publicar todos los datos, modelos y supuestos que sirven de base para los cálculos. Esto permitiría a la sociedad civil replicar los números y hacer de contrapeso. En segundo término, es necesario dimensionar los efectos fiscales mucho más allá de los cuatro años que la ley manda, cuantificándolos en valor presente para reflejar los reales alcances de largo plazo. Y tanto mejor si, como ha propuesto la comisión Ramos, se incluyera alguna evaluación de impacto en productividad de los proyectos para dimensionar su costo más allá de lo fiscal. Por último, la capacidad de escrutinio del Congreso mejoraría si éste dispusiera de una unidad autónoma para chequear las cifras en lugar de ser un mero receptor del Ejecutivo.
Todo esto tendría evidentes beneficios para la calidad de las políticas públicas. Al mejorar la transparencia y capacidad de escrutinio, el Ejecutivo tendría más incentivos a calibrar el impacto fiscal de sus propuestas y a diseños más rigurosos. Y quien aprueba las leyes se haría más responsable de los efectos de sus votaciones. Sin duda un poderoso antídoto ante tentaciones populistas. Esas que siempre corren el riesgo de emerger cuando la discusión pública reposa en meros actos de fe.
Ignacio Briones
Escuela de Gobierno
Universidad Adolfo Ibáñez
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