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Existe una notable omisión del INDH que no puede pasarse por alto, referida a violaciones mucho más graves y continuadas a los derechos humanos como la dramática y vergonzosa situación del Sename y los 185 menores que han muerto en la última década.
Recientemente ha asumido como nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos el abogado Branislav Marelic Rokov, quien cuenta con una vasta experiencia en materia de derechos humanos en del Sistema Interamericano, y reemplaza a Lorena Fríes, quien ostentaba el cargo desde la creación de este organismo en 2010.
Siendo los derechos humanos un tema ineludible para nuestras sociedades democráticas, la existencia de organismos abocados a su promoción y protección es siempre necesaria, a condición de que su proceder sea realizado “de manera autónoma, independiente y realista”, según expresa el INDH en su visión. O, si se prefiere, que no realice su labor buscando figuración o réditos políticos, sino que se aboque realmente a las situaciones donde la vulneración de estos derechos resulte mayor, aunque esa labor sea relativamente ignorada por la ciudadanía o no aparezca en los medios.
El INDH ha adquirido notoriedad sobre todo por su accionar contra Carabineros y su actuar en manifestaciones de diversos grupos de la sociedad civil, situación que no ha dejado de producir polémica en atención a los desmanes y daños que varios participantes en dichas manifestaciones han producido. Sin embargo, a nuestro juicio existe una notable omisión del INDH que no puede pasarse por alto, referida a violaciones mucho más graves y continuadas a los derechos humanos como la dramática y vergonzosa situación del Sename y los 185 menores que han muerto en la última década, cifra que algunos elevan incluso a 477.
Ante esta situación, no puede menos que llamar la atención el absoluto mutismo que ha tenido este organismo. Nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro del país y su situación de mayor vulnerabilidad debiera ser prioridad para el INDH. Más allá de la interpelación a la ministra Javiera Blanco y una eventual acusación constitucional, debieran tomarse medidas radicales y permanentes para evitar que situaciones como estas se repitan.
Claramente el INDH podría realizar una encomiable labor a este respecto, ya que uno de sus objetivos, según declara en su página web, es “articular a nivel nacional un sistema eficaz de seguimiento y defensa de los derechos humanos” y “asesorar y cooperar con organismos públicos y de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en la promoción, protección y vigencia de los derechos humanos.”
Esta es, pues, una crucial e impostergable tarea pendiente para el INDH: preocuparse por nuestros niños (y también personas mayores, personas con discapacidad, etc.) quienes muchas veces ven vulnerados sus derechos a diario de manera dramática.
Una noble tarea que podría iniciar su nuevo director.
Max Silva Abbott
Académico de Facultad de Derecho
Universidad San Sebastián
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