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Esto no es un misterio: la administración municipal no logró asegurar calidad en la educación. Los éxitos son excepcionales, son los resultados de alcaldes con interés, pero no es la norma de nuestra educación pública.
La realidad de la educación chilena es que está atomizada y descoordinada. Apenas se entiende la diferencia de roles entre el Mineduc y los municipios. Las alcaldías están sobrepasadas y a veces incluso carecen de una oficina que gestione exclusivamente los temas educaciones. Suena a caricatura, pero es posible que el encargado de “aseo y ornato” en la mañana también se preocupe de los colegios en la tarde.
Para peor, la matrícula pública escolar ha caído en un 25% en diez años. Y sigue esfumándose. Eso, sumado al sistema de financiamiento por voucher (que entrega recursos a partir de la asistencia diaria de niños y niñas a clases), ha creado un descalabro financiero: las escuelas mantienen su nivel de gasto, pero su financiamiento se ha ido encogiendo.
No puede ser que la educación pública dependa del ímpetu de un gobierno local, de la zona geográfica o de la riqueza de una comuna. La educación pública no puede prestarse para perpetuar desigualdades.
Y mientras nuestras comunas padecen estas diferencias, en el Congreso se discute la ley que promete dar una nueva estructura a los colegios públicos y acabar con la penosa administración municipal: el Sistema de Educación Pública. Entre otras cosas, la iniciativa propone crear una Dirección de Educación Pública, de la que dependerán 67 Servicios Locales, los que administrarán colegios de forma descentralizada. Estos, además, contarán con la participación de diversos agentes comunales, quienes, con un rol activo en los Consejos Locales de Educación, podrán influir en los planes estratégicos y plasmar sus visiones sobre la educación que reciben sus familias y vecindades.
Hasta ahí suena esperanzador, pero no todo está resuelto.
Administrar un servicio de estas características supone desafíos. Es imperativo asegurar una selección rigurosa de quienes ocuparán las jefaturas y cargos directivos en la nueva estructura. La primera propuesta del gobierno se quedaba corta al respecto, por eso es necesario aprobar la indicación que corrige este punto. También es necesario perfeccionar la composición y las atribuciones de los Consejos Locales, para que de verdad sean representativos y las comunidades incidan en el desarrollo de sus territorios.
Por si fuera poco, varias de las indicaciones ya presentadas al proyecto sugieren privilegiar sólo a algunos municipios, manteniendo las diferencias en el sistema. Una verdadera afrenta al trato igualitario entre niñas, niños y jóvenes de distintas zonas de Chile. También se propuso entregar las escuelas municipales a administradores privados, ignorando el sentido original del proyecto y desvirtuando el valor e independencia de la educación pública.
Pero lo más grave de todo es que, aunque existía compromiso, todavía no discutimos cómo se financian nuestras escuelas. Si no se cambia el subsidio a la demanda —una forma de financiamiento competitiva y segregadora—, corremos el riesgo de que los nuevos Servicios Locales hereden el déficit financiero de los municipios.
Es comprensible que un cambio de esta magnitud —que implica replantear toda una lógica de educación de mercado— requiera un proyecto por sí solo. Sin embargo, es posible y necesario incorporar fondos transitorios, que delineen nuevos modelos para el sistema escolar.
Creemos que este proyecto va en dirección correcta, pero nos preocupa que en el Parlamento descuide su idea original: una verdadera desmunicipalización, sin medias tintas, sin olvidar el diagnóstico común de los municipios naufragados.
Hace dos años, cuando se discutía la Ley de Inclusión, muchos parlamentarios criticaban la propuesta por adelantarse al verdadero cambio que necesitaba el país: el fortalecimiento de la educación pública. Sabemos que ese fortalecimiento pasa por terminar con medidas parches y crear un nuevo sistema. Llegó la hora de cobrar la palabra.
Ariel Ramos y Cristian Miquel
Investigadores de Política Educativa
Educación 2020
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