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En el fuero interno de la gobernante, caló hondo el saber que dejaba a Chile como el país más desigual de la OCDE. Fue así como, durante la primera mitad de su segundo mandato, la redistribución de la riqueza acaparó la agenda.
La Constitución de 1980 no tiene el “aprecio ciudadano” fue la frase de oro de la semana, usada para justificar el proceso constituyente que impulsa el gobierno y cuya autoría fue del ministro del Interior, Jorge Burgos.
El gobierno ciudadano ha sido una de las estrategias utilizadas para captar el cariño de la comunidad. La experiencia en Chile, ocurrió durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, período durante el cual se privilegió el contacto directo con la ciudadanía, cuya agenda se determinaba a partir de la percepción recogida en las redes sociales y validadas a través de encuestas de opinión. El resultado fue exitoso para la gestión, al menos si se la evalúa por el cariño ciudadano demostrado hacia la Presidenta (culminó su primer mandato con un nivel de aprobación cercano al 80%).
Sin embargo, en el fuero interno de la gobernante, caló hondo el saber que dejaba a Chile como el país más desigual de la OCDE. Fue así como, durante la primera mitad de su segundo mandato, la redistribución de la riqueza acaparó la agenda. Las reformas impulsadas, en dicha dirección, colisionaron con la estructura social y económica del país, con resultados poco alentadores para las aspiraciones de la coalición gobernante. El juicio ciudadano implacable: alrededor del 70% de los encuestados rechaza la gestión de la gobernante; el cariño ciudadano se esfumó.
En la recta final del actual período presidencial, retomar el gobierno ciudadano parece ser la vía más directa para recuperar parte del capital social perdido. En este escenario, los dados se cargaron hacia la Constitución de Chile, como la responsable del escaso avance hacia la visión de sociedad que se había planteado en marzo de 2010.
Pero, ¿es válido cambiar la Constitución buscando el cariño ciudadano? Al menos dos son las razones que me vienen a la mente para discrepar del argumento dado por el ministro Burgos. El primero es reconocer que, en una sociedad democrática como la nuestra, los conflictos de intereses son la norma y no la excepción y segundo, que el cariño ciudadano no es heredable a las próximas generaciones, es decir, los cariños actuales pueden ser los desamores del futuro.
En este contexto, es absurdo buscar modificar un marco legal, tan trascendente como la Constitución de la República, en la búsqueda del cariño ciudadano. Si se busca el aprecio como medio para legislar, los más seguro es que derivaríamos hacia una sociedad fragmentada por comunidades tipo “Teletubbies”.
Renato Segura
Director Centro de Estudios
CERRegional
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