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A través de este proceso de construcción participativa de política pública, no sólo estamos estableciendo una base técnica actualizada para apoyar la función docente, estamos creando criterios e indicadores que serán referencia para las universidades en el diseño y mejora de sus programas de formación docente.
Una profesión que tiene claros los parámetros de su óptimo ejercicio es reconocida y legitimada en la sociedad. Más sólida aún es aquella que ha generado colegiadamente los criterios que caracterizan su buen desempeño a partir de la experiencia práctica y el conocimiento científico. La profesión docente debe alcanzar ese nivel y el consiguiente mayor aprecio.
Con ese claro objetivo, existe el Marco para la Buena Enseñanza. En él establece lo que los docentes chilenos deben conocer, saber hacer y ponderar para determinar cuán bien lo hace cada uno en la sala de clases y en la escuela.
A 13 años de la publicación del primer Marco para la Buena Enseñanza, esta semana y hasta el 30 de junio el Centro de Desarrollo Docente del Mineduc, CPEIP, habilitó un sistema nacional de participación para la actualización del Marco para la Buena Enseñanza (MBE), instrumento que beneficiará a más de 200 mil docentes y educadoras de Chile de todas las modalidades y niveles de enseñanza. Sólo en la Región del Biobío se verán beneficiados más de 29 mil docentes.
Todo este gran salto, se genera en el contexto de la Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, recientemente promulgada, que busca dar cuenta de un proceso de desarrollo a lo largo de la vida profesional, de modo de reconocer las distintas etapas del ejercicio de la profesión y las diferentes prácticas pedagógicas asociadas a dicha experiencia.
Asimismo, esta actualización busca reconocer las nuevas dinámicas e interacciones que hoy redefinen a docentes y escuelas en su conjunto; así como los desafíos que la reforma educacional involucra.
Esta etapa participativa incluye la realización de una jornada de reflexión entre pares, en cada una de las comunidades docentes del país, convocada para el mes de mayo.
Una vez sistematizado todo el proceso de participación, la propuesta actualizada deberá ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación en un plazo de dos años desde la publicación de la Ley.
A través de este proceso de construcción participativa de política pública, no solo estamos estableciendo una base técnica actualizada para apoyar la función docente, estamos creando criterios e indicadores que serán referencia para las universidades en el diseño y mejora de sus programas de formación docente.
Con la actualización del Marco para la Buena Enseñanza estamos dando un paso sustantivo en el proceso de asegurar el derecho a una educación de calidad para todos y todas.
Sergio Camus Campos
Seremi de Educación del Biobío
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