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En la situación actual, donde existe un fuerte descredito de las instituciones, de los partidos políticos, de las empresas, de las autoridades, de las iglesias, del fútbol y de lo público en general, se deben fortalecer los mecanismos de control.
Polémica ha causado la indicación del gobierno de establecer penas a las personas que durante la investigación de un proceso penal filtren o entreguen información relacionada con las investigaciones que desarrolle el Ministerio Público. Desde diferentes perspectivas esta medida aparece como una propuesta innecesaria y sobre todo incomprensible en el estado y contexto actual de lo público y sus instituciones.
Los argumentos de quienes han impulsado esta iniciativa se sustentan fundamentalmente en el derecho de los investigados y en la presunción de inocencia que le asiste a cualquier ciudadano mientras no se corrobore lo contrario por los órganos jurisdiccionales, es decir en el derecho a la honra de las personas y al debido proceso. Sin embargo, la sanción por las filtraciones también colisiona con el acceso a la información pública implícito en la libertad de expresión. Ahora bien, el contexto en el que se promueve esta iniciativa da cuenta de la afectación e involucramiento en procesos judiciales de personas que son o han sido autoridades del Estado. Sumado a la evidente disparidad con que las investigaciones del Ministerio Público han afectado fundamentalmente a un sector del espectro político ideológico del país.
En este escenario, más allá de la falta de prudencia del Ejecutivo para promover una norma de este tipo, lo que se logra es acrecentar la desconfianza en las instituciones y erosionar un pilar básico de un Estado de Derecho, como es el control sobre el actuar de los órganos del Estado y sus autoridades, un control no institucional ejercido directamente por los ciudadanos. Casos como los de Penta, Caval, SQM y otros, han tenido como común denominador el control de la opinión pública, la que exige mayor rigurosidad de las instituciones y de su clase dirigente, y eso evidentemente no puede soslayarse por una indicación, que además aparece de última hora, incomprensiblemente inserta en la denominada agenda corta anti delincuencia.
Está claro que el actual sistema establece las condiciones necesarias para resguardar la privacidad de las investigaciones del Ministerio Público, el énfasis más que ponerse en quienes son investigados debiese estar en resguardar la identidad de quienes denuncian, especialmente si son funcionarios públicos y por el ejercicio de sus labores tienen conocimiento de hechos que revisten las características de delito, si bien actualmente la ley contempla esta posibilidad, se debe resguardar con mayor celo la identidad de las personas que ejerciendo un cargo público saben de la comisión de un ilícito, especialmente si los denunciados son sus superiores jerárquicos.
En la situación actual, donde existe un fuerte descredito de las instituciones, de los partidos políticos, de las empresas, de las autoridades, de las iglesias, del futbol y de lo público en general, se deben fortalecer los mecanismos de control, pero también los que desarrolle la sociedad civil en su conjunto. Los gobernantes, especialmente el Ejecutivo y desde luego los legisladores, deben entrar en sintonía con este clamor ciudadano que demanda mayor transparencia y responsabilidad, de lo contrario nuestra institucionalidad y el respeto y valor de lo republicano seguirá degradándose.
Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho
Universidad Central de Chile
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