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Para lograr que un mayor porcentaje de jóvenes de los grupos más vulnerables de la población ingrese a la universidad no basta con financiarles los aranceles.
El debate sobre educación superior en los últimos meses ha estado monopolizado por la gratuidad sin dejar espacio al análisis de otros asuntos tanto o más relevantes. Hasta ahora nos hemos enfrascado en una discusión cortoplacista y el único consenso que hemos logrado es que el mecanismo con que el gobierno iniciará la gratuidad el próximo año no garantiza el cumplimiento de los dos objetivos buscados: “Educación gratuita y de calidad”.
El país requiere que todos los actores involucrados se aboquen a reflexionar sobre los temas que efectivamente van a incidir en el desarrollo de la educación superior chilena y en el impacto que ésta tendrá en el progreso de la nación en las próximas décadas.
Para resolver los problemas de productividad que enfrentamos y que afectan seriamente nuestra competitividad, es fundamental aumentar los recursos destinados al desarrollo de la ciencia, tecnología e investigación. En estas áreas, el papel del Estado es fundamental, pues –salvo excepciones- los privados no invierten en este ámbito, recayendo esta labor en las universidades que deben contar con recursos públicos suficientes. Es una mirada sesgada al financiamiento universitario cuando se centra la discusión solo en los recursos destinados al pregrado.
Otro de los grandes desafíos que tenemos como país es aumentar la cobertura de educación superior en los primeros quintiles. Para lograr que un mayor porcentaje de jóvenes de los grupos más vulnerables de la población ingrese a la universidad no basta con financiarles los aranceles, es necesario apoyarlos con becas de alimentación y transporte y, sobre todo, con programas de nivelación académica que les permitan mantenerse en las instituciones. Con un apoyo sistemático a los alumnos que presenten mayores falencias, lograremos bajar las tasas de deserción y disminuir la duración real de las carreras en el sistema.
Asimismo, debemos abordar la urgencia de tener currículos más flexibles que faciliten la movilidad estudiantil e incluso se podría discutir la implementación de ciclos básicos que tiendan a fortalecer la formación general de los estudiantes para que luego inicien con mayores herramientas su formación profesional. Un aspecto primordial en el caso de los alumnos de los sectores menos favorecidos a quienes, en el papel, la reforma pretende beneficiar.
Para avanzar en estas áreas, el acento se debe poner -como lo hemos repetido en innumerables oportunidades- en la calidad de la formación que están impartiendo las instituciones. Hasta ahora ha sido un tema inexistente en el debate sobre educación superior.
Sergio Castro Alfaro
Vicerrector Sede Concepción
Universidad San Sebastián
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