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La semana recién pasada fue muy noticiosa respecto a los avances legislativos de nuestro gobierno. Gracias al compromiso de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, Amplitud e Independientes, se cumplió el plazo propuesto por la Presidenta Bachelet para avanzar en los compromisos legislativos prioritarios establecidos por el Ejecutivo. La puesta en vigencia de todas estas leyes tiene un directo impacto positivo en la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas pues pues significan un cualitativo avance en la lucha contra la desigualdad y la discriminación, además de asegurar más derechos y fortalecer la democracia en el país.
El Gobierno está cumpliendo con los compromisos planteados en el Programa de la Presidenta, avances que son ampliamente respaldados por la ciudadanía, como la aprobación del Proyecto de Inclusión Escolar que elimina el lucro, la selección y el copago, la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Acuerdo de Unión Civil que termina con una larga historia de discriminación. Estas instancias se suman al reemplazo del Sistema Binominal por uno proporcional y más representativo, y la Reforma Tributaria que permitirá recaudar los recursos permanentes para llevar adelante la nueva institucionalidad de la educación.
Desde el próximo marzo de 2016 comenzará a implementarse la Ley de Inclusión Escolar, primer gran proyecto de la Reforma Educacional. Esta nueva normativa prohíbe el lucro, elimina el financiamiento compartido y la selección de estudiantes en los colegios que reciben aportes del Estado. En los establecimientos públicos y particulares subvencionados se dejará de cobrar a los padres y/o apoderados. Estos últimos, que pueden actualmente obtener ganancias para sus dueños, deberán dejar de hacerlo con la nueva medida a más tardar en diciembre de 2017, pasando de ser sociedades comerciales a ser corporaciones educativas. Es decir, todos los recursos serán destinados a fines educativos, irán directamente a la sala de clases, a nuestros niños y niñas, y los sostenedores tendrán una retribución por su trabajo definida por la propia Corporación Educativa. De esta forma, se dará inicio a la tramitación de las demás iniciativas que forman parte de la Reforma Educacional, tales como el proyecto que fortalece la educación pública y el que implementa el plan nacional docente.
En cuanto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, esta instancia fue anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet como una de sus primeras medidas de su gobierno, puesto que las mayores desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales en nuestro país afectan principalmente a las mujeres. A través del ministerio se dispondrá de más recursos y de un presupuesto propio, que permitirá implementar nuevos programas para promover la equidad de género y procurar eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres existentes en nuestra sociedad.
Finalmente, esta semana también fue aprobado en el Congreso el proyecto que permitirá que convivientes puedan formalizar su unión ante la ley, sin importar su sexo: el esperado Acuerdo de Unión Civil. Esta medida busca terminar con la discriminación y la desprotección jurídica de parejas que comparten una vida en común, sin importar su sexo. A través del Registro Civil, la persona podrá pasar a ser un “conviviente civil”. En caso de querer poner término a la unión, se podrá realizar el trámite de común acuerdo o unilateralmente, sin requisito de plazo mínimo desde la unión. Los convivientes serán considerados familia, lo que posibilita que uno pueda ser carga del otro en sistemas de salud, prioridad para el cuidado de los hijos de la pareja en caso de fallecimiento y derecho a herencia, entre otros. La unión también establece parentesco entre un conviviente y la familia del otro.
Para este 2015 están contemplados varios proyectos que fueron anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo pasado. Entre ellos, el fin de la penalización del aborto en caso de riesgo vital presente o futuro de la madre; cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina; cuando el embarazo que sea resultado de una violación, cuando el feto posea un plazo máximo de 12 semanas, las cuales se extienden a 18 en el caso de menores de 14 años. Este proyecto de ley tiene como fundamento un profundo respeto por la vida y, junto con eso, la necesidad de regular situaciones que diariamente ocurren al margen de la ley.
Estamos cerrando un año legislativo con reformas importantes para avanzar hacia un Chile más justo y solidario. Sin duda, gracias al trabajo de los parlamentarios, estamos mejorando nuestra democracia, asegurando a todos y a todas la igualdad ante la ley y la protección de sus derechos.
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