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Este jueves, Amnistía Internacional (AI) a través de un comunicado llamó a los gobiernos de Chile y Perú a poner fin a la militarización que se mantiene en las fronteras debido a la crisis migratoria, en la que cientos de personas -principalmente venezolanas- intentan llegar a su país de origen.

La organización recordó a ambas naciones que "se trata de una crisis de personas en necesidad de protección internacional, los cuales requieren de atención integral que ponga los derechos humanos en el centro de la respuesta de ambos gobiernos".

De esta manera, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, aseguró que "Al militarizar las fronteras y cerrar la puerta a miles de personas, entre ellas niñas y niños, que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de Boric y Boluarte están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas".

Desde principios de febrero de 2023, el gobierno chileno ha desplegado efectivos militares a sus fronteras con Bolivia y Perú, con el fin de detener la llegada de personas indocumentadas al país, en su mayoría venezolanas. El cierre de la frontera ha provocado fuertes tensiones en las últimas semanas. El miércoles 26 de abril, el gobierno peruano declaró un estado de emergencia en siete departamentos fronterizos y ordenó el despliegue de sus fuerzas armadas.

Estas medidas fueron adoptadas en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular.  

Asimismo, detallaron que son al menos 300 migrantes, mayoritariamente de nacionalidad venezolana, haitiana y colombiana, quienes están en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas.

Entre las personas que permanecen varados en la frontera entre ambos países se encuentran niños, niñas y adolescentes, personas embarazadas y con enfermedades crónicas.

Frente a esto, Guevara Rosas resaltó que "Cuando los Estados acuden a medidas unilaterales contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, generan un efecto domino. En lugar de acudir a este tipo de medidas que castigan a quienes buscan la protección internacional y una mejor condición de vida, Chile y Perú deberían de cooperar para brindar una respuesta humanitaria y centrada en los derechos humanos de las personas que llegan y las comunidades que les reciben. Militarizar las fronteras no solo pone en peligro a las personas refugiadas y migrantes, sino también a las personas que residen en esas localidades".

De esta manera, añadió que tanto Chile como Perú "están obligados a proveer de protección y garantizar el derecho a solicitar asilo de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por ambos países e incorporados en su legislación".