Constituyentes abogan para que el agua se garantice como derecho humano

Con el apoyo de los denominados Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, el Frente Amplio y Chile Digno, convencionales de Modatima y el Movimiento por el Agua y los Territorios ingresaron una iniciativa de norma convencional constituyente que establece los derechos humanos al agua y al saneamiento como garantías indispensables para una vida digna.

La propuesta, que tiene el respaldo de la constituyente del distrito 21 Vanessa Hopee, recoge los estándares internacionales que abordan la materia y especifica que toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico.

Asimismo, establece que el Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales.

Toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado, y de las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad, agrega.

Los constituyentes que respaldan la moción citan la resolución del 28 de julio del 2010 de la Asamblea General de Naciones Unidas que declaró el Derecho Humano al Agua y Saneamiento y reconoce la responsabilidad de los Estados de disponer de agua en condiciones adecuadas y sanitarias en condiciones equitativas, como un componente esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. De esta manera, afirman, se consagra el derecho de disponer de agua potable en cantidad y calidad para necesidades básicas, como condición inherente de toda persona, como componente básico para la dignidad.

En esa misma línea, el 20 de agosto de 2020, Leo Heller, relator especial de la ONU, cuestionó la privatización de las aguas en Chile y señaló que el gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud.