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Notario de Los Ángeles se refirió al problema de los loteos irregulares

Muchas veces se apunta con el dedo a quienes firman los documentos de cesión de derechos, asociados en algunos casos a loteos irregulares, sin embargo, los ministros de fe no son encargados de fiscalizar esta situación que no mantiene fiscalizadores oficiales por parte de las autoridades.


 Por Nicolás Muñoz

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El tema de los loteos irregulares es una problemática que aún persiste tanto a nivel nacional como local, específicamente, en la comuna de Los Ángeles. Sin ir más lejos, según la seremi de Bienes Nacionales, se ha registrado la existencia de 63 loteos brujos en la provincia de Biobío.

A raíz de esto, diario La Tribuna se contactó con Mauricio Araneda, notario titular de la cuarta notaría de Los Ángeles, para conocer su apreciación acerca de esta problemática que parecería estar lejos de terminar.

Es importante dejar en claro “las personas concurren a las notarías a firmar un instrumento público, que es una escritura pública, o un instrumento privado, y en los instrumentos privados, normalmente, lo que hace el notario es autorizar la firma de las personas que aparecen firmando el documento”, comenzó aseverando el profesional.

“Entonces, a través de esos instrumentos que se otorgan o se autorizan en notaría, el notario no puede, como regla general, salvo que una ley determinada se lo prohíba, negarse, por ejemplo, a una cesión de derechos, ya que, la cesión de derechos es absolutamente lícita”, añadió.

En el caso específico de los predios agrícolas cuya superficie se asocia a los cinco mil metros cuadrados, “el notario no está en condiciones de prever o analizar el elemento subjetivo de para qué quieren ese terreno varias personas que lo compran en común o compran porciones de derechos”, ya que, el fin de esta acción puede ser con un fin recreacional, por ejemplo, un recinto de fútbol.

Asimismo, en el caso de que el objetivo de la cesión de derechos sea con un fin habitacional, el notario no está en condiciones de saber si se va a construir una vivienda para ser compartida o, en caso contrario, si se construirá más de una.

A su vez, Mauricio Araneda, detalló que en el caso de que “se cedan derechos sobre predios rurales de cinco mil metros (…) el notario tampoco está en condiciones de pensar que, insisto, eso es algo con un propósito de vulnerar la ley, porque en ese momento no hay construcción, no hay subdivisión material, se están vendiendo solo derechos”.

“Entonces, justamente, ese es el expediente, el subterfugio, que personas con mal propósito, aprovechándose de necesidad, utilizan (…) para en los hechos permitir que se instalen campamentos o viviendas irregulares en suelos rurales con todas las problemáticas sociales y sanitarias que ello conlleva, agua potable, luz, alcantarillado, si es el caso, y pavimentación”, añadió.

FISCALIZACIÓN Y LEYES

Con respecto a la situación actual, el notario afirmó que actualmente “existen proyectos de distintos parlamentarios, en este último caso, Camila Flores de Renovación Nacional, que presentó un proyecto ahora en septiembre del 2021, que, justamente, busca hacerse cargo de esta realidad que llamamos hoy en día loteos brujos”.

En palabras de la legisladora, cuando explicó el proyecto de ley denominado Ley del Mono Rural el 30 septiembre de 2021, consistirá en que “en un plazo de 18 meses, las personas en esta situación podrán realizar la inscripción de sus terrenos ante el Conservador de Bienes Raíces, donde los terrenos tendrán la prohibición de ser vendidos en un período de cinco años y solo podrán ser comercializados una vez que se haya cumplido el plazo y cuenten con los permisos administrativos necesarios y pertinentes para la total regularización del predio”.

Por su parte, Mauricio Araneda, afirmó que “lo que se busca es regularizar, es asumir que muchas personas han comprado derechos, han instalado sus viviendas (…) y necesitan tener un título de dominio inscrito sobre ese predio que es inferior a los cinco mil metros cuadrados”.

Además, enfatizó en que “hay hasta proyectos haciéndose cargo de esta realidad, entonces, da la impresión que en esto, todos los que deberían fiscalizar las subdivisiones o la ocupación de suelos inferiores a la superficie de cinco mil metros cuadrados, SAG, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, direcciones de Obras Municipales, o no tienen la capacidad o la realidad es tan potente, que les impide en los hechos hacer efectivo el cumplimiento de la ley”.

UN PROBLEMA CON RAÍZ

La existencia de loteos irregulares en suelos no urbanizados, es decir, que no tienen las dotaciones mínimas como lo es un servicio de agua potable, luz, alcantarillado o pavimentación, es un problema con un origen en una necesidad, la necesidad de una vivienda.

Al respecto, el notario detalló que “en Chile se calcula un déficit de vivienda, en más de un millón de unidades (…) Entonces qué hace la gente, busca un lugar donde levantar sus viviendas, aunque sea en terrenos irregulares. Desde luego nadie va a querer comprar ni vivir en condiciones irregulares, pero uno parte de la base de que ahí hay un estado de necesidad del cual muchos se aprovechan”.

“Sin duda, este problema hay que entender que está íntimamente ligado a una realidad de necesidad de vivienda por sectores de menos recursos. Y de eso la autoridad, de una u otra manera, viene haciéndose cargo”, agregó.

Por último, Mauricio Araneda, notario titular de la cuarta notaría de Los Ángeles, concluyó invitando a que “revisen bien lo que vienen a firmar. Es importante que las personas se informen bien, que no entreguen plata por adelantado y que entiendan que no van a poder, en términos generales, inscribir esas compras, porque no son terrenos determinados, son solo derechos, es decir, no van a poder tener títulos sobre su propiedad, salvo que transcurra mucho tiempo y por la vía del decreto de regularización de Bienes Nacionales realicen ese acto”.

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