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Entre ellos se encuentran el parque eólico Junquillos, en la comuna de Mulchén; el parque eólico Rinconada, emplazado en Laja y Los Ángeles; y la continuidad operacional del relleno sanitario angelino, iniciativas vinculadas a los sectores energético y sanitario que forman parte de un conjunto de proyectos a nivel nacional en similar condición.
Este escenario se configura en paralelo a otras decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia ambiental, entre ellas el retiro de decretos para su revisión, en el marco del proceso de instalación de la nueva administración.
De acuerdo con antecedentes entregados por la CChC Los Ángeles, la estimación de inversión en la región se concentra en estas tres iniciativas, considerando su estado de tramitación y su inclusión en el contexto de proyectos con procesos administrativos pendientes.
De acuerdo con información publicada por Diario Financiero el 12 de marzo, el instructivo —anunciado la noche anterior por el Presidente José Antonio Kast— considera un listado de 42 proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, pero que mantienen recursos pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), acumulando una inversión de US$ 16.300 millones a nivel nacional.
Se trata de iniciativas que ya cuentan con autorización ambiental, pero cuya ejecución permanece detenida debido a reclamaciones administrativas presentadas por distintos actores, las que deben ser resueltas por instancias como la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o el Comité de Ministros.
El instructivo fija plazos para abordar estos casos, estableciendo 30 días hábiles para reclamaciones en el SEA, 60 días para aquellas radicadas en el Comité de Ministros y hasta 90 días corridos en situaciones donde los procesos ya se encuentran fuera de plazo.
Según lo consignado por el medio, la medida apunta a intervenir en la etapa posterior a la aprobación ambiental, acotando los tiempos de respuesta del sistema sin modificar las condiciones ya evaluadas en cada proyecto.
De esta forma, el foco según DF se concentra en resolver retrasos administrativos que han impedido la ejecución de iniciativas ya aprobadas, particularmente en sectores como energía y minería, donde se concentra una parte relevante de la inversión considerada.
En la región del Biobío, y en línea con lo ya expuesto, la estimación alcanza los US$ 951 millones, en el marco de la agilización de estos procesos, de acuerdo con antecedentes entregados por la CChC Los Ángeles.
Entre ellas se encuentra el parque eólico Junquillos, en la comuna de Mulchén, con una inversión estimada de US$ 570 millones y aprobación ambiental obtenida el 20 de enero de 2026. A ello se suma el parque eólico Rinconada, emplazado en Laja y Los Ángeles, con US$ 365 millones, cuyo proceso se mantiene desde julio de 2025.
También se incluye la continuidad operacional del relleno sanitario de Los Ángeles, iniciativa vinculada al sector de saneamiento, con una inversión de US$ 16 millones y aprobación ambiental registrada en noviembre de 2025.
En términos de localización, las tres iniciativas se emplazan en la provincia del Biobío, con dos de ellas en el ámbito de la generación eólica y una tercera correspondiente a infraestructura sanitaria en la comuna de Los Ángeles.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción en Los Ángeles, su presidente Claudio Moraga Godoy se refirió al efecto que podrían tener estos procesos en la ejecución de proyectos en la región, especialmente en relación con los tiempos de tramitación posteriores a la aprobación ambiental.
El dirigente gremial también abordó las proyecciones asociadas a estas iniciativas en la provincia, considerando su eventual avance en los próximos meses.
En paralelo al impulso del plan destinado a destrabar proyectos con aprobación ambiental, el Ejecutivo adoptó otra medida en el ámbito regulatorio, cuyo alcance se conoció públicamente el 17 de marzo, relacionada con el retiro de decretos ambientales para su revisión.
La decisión se enmarca en el proceso de instalación de la nueva administración y apunta a evaluar una serie de instrumentos dictados durante el gobierno anterior, los que fueron retirados antes de su entrada en vigencia para ser analizados nuevamente.
A diferencia del instructivo asociado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), esta acción no se vincula directamente con proyectos específicos, sino con normas y decretos que forman parte del marco regulatorio ambiental, situándose en un plano distinto dentro de la gestión del sector.
En entrevista con Radio San Cristóbal, el seremi del Medio Ambiente del Biobío, Mario Delannays, abordó el alcance de esta medida en el contexto del inicio del actual gobierno.
La autoridad también se refirió al momento en que estos instrumentos fueron tramitados, en relación con el cambio de administración.
En esa línea, Delannays precisó que el retiro de estos decretos no implica necesariamente su eliminación, sino un proceso de evaluación que podría derivar en su reingreso con ajustes.
De esta forma, el escenario que se configura en la Región del Biobío reúne, por una parte, la expectativa de avance en proyectos de inversión que ya cuentan con aprobación ambiental y, por otra, un proceso paralelo de revisión de instrumentos regulatorios en el ámbito ambiental.
En ese contexto, ambas líneas de acción —la resolución de reclamaciones pendientes en el SEIA y la revisión de decretos— responden a ámbitos distintos, aunque coinciden temporalmente en los primeros días de la actual administración.
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