Fiscalizaciones y sumarios marcan inspecciones a planta de cerdos de Tucapel

El pasado lunes 1 de agosto, la Corte Suprema acogió favorablemente el recurso de protección interpuesto por el municipio de Tucapel, a través de su asesor legal, acción a la que se sumó la Junta de Vecinos Los Castaños II de Huépil y el Comité de Agua Potable Rural de Villa Fátima, en contra de las empresas Las Astas, propietaria del plantel porcino, y Coexca, explotadora de dicho criadero, por vulnerar la garantía constitucional que protege la vida y salud de los vecinos, y su derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

Al respecto, en dicha ocasión, el alcalde de Tucapel, Jaime Veloso, dijo estar satisfecho con la decisión del máximo tribunal, estamos tranquilos porque acogieron el juicio pero estaríamos más contentos si los servicios públicos hicieran su trabajo, y no esperar que la autoridad se los ordene, para así tener una empresa que cuide el medioambiente y que no provoque problemas a sus habitantes.

Guillermo Escárate, asesor jurídico del municipio de Tucapel, declaró que esta revocación significa que se acogió nuestra impugnación de la forma en la que se había llevado a cabo el manejo e incumplimiento de la normativa ambiental por parte de estas empresas, además se logró que se le exija a los organismos públicos competentes que cumplan con las facultades legales y a hacer las fiscalizaciones, al igual que terminar los sumarios sanitarios pendientes por más de dos años por parte de la Seremi de Salud del Biobío. Determina también la aplicación de sanciones en contra de esta empresa que ha incumplido gravemente en materia sanitaria y ambiental, afectando a los vecinos. Se acreditó la contaminación de la planta de cerdos, desde 2019 a la fecha, además concluye que afecta el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Los antecedentes del proceso dan cuenta de focos de contaminación que provienen de la planta de cerdos desde el año 2017, sin que se haya adoptado medidas eficaces para resguardar la vida y salud de la población, concluyendo que la existencia de moscas, malos olores y mal manejo de fecas constituyen una afectación del derecho de los vecinos aledaños a la planta a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Se ordenó a los servicios públicos como la Superintendencia del Medio Ambiente, la Seremi de Salud de la Región del BioBío y la Dirección Regional de Aguas del Biobío, dar estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, debiendo informar en un plazo de tres meses.

Al respecto, el seremi de Medio Ambiente de la región del Biobío indicó que durante los cinco meses y medio en los que he estado en el cargo, me he reunido en al menos dos ocasiones con dirigentes del sector, buscando canalizar sus denuncias e inquietudes con las instituciones correspondientes, que en este caso son la Superintendencia del Medio Ambiente y la Seremi de Salud. 

Las facultades de la Seremi del Medio Ambiente no consisten en labores de fiscalización ni sanción, por lo que nuestro rol se ha centrado en la canalización de las denuncias, esperando su resolución en los plazos más breves posibles. Lo anterior, teniendo en consideración el reciente fallo de la Excelentísima Corte Suprema, que impone obligaciones a los órganos fiscalizadores en este caso, agregó el representante de la cartera de Medioambiente.

En tanto, el delegado provincial de la Seremi de Salud, Cristóbal Vidal, señaló que podemos indicar que desde el año 2017, en el marco de nuestras atribuciones y competencias hemos efectuado una serie de fiscalizaciones, desde nuestra unidad de Gestión Ambiental, algunas de las cuales terminaron en sumarios sanitarios y otras, en actas de observaciones que debieron ser subsanadas por Coexca S.A..

Respecto de esta empresa, según declaró el delegado de Salud de la provincia, dijo que dado que cuenta con resolución de calificación ambiental, lo que significa que sus procesos y el impacto que generan debe ser supervisado por la Superintendencia de Medio Ambiente, nosotros le hemos oficiado a esta institución cada vez que hemos realizado una fiscalización.

En total hemos realizado siete fiscalizaciones a esta empresa, principalmente por denuncias efectuadas por la ciudadanía, por emisión de malos olores, en las cuales hemos iniciado dos sumarios sanitarios, uno en el año 2017, otro en el año 2019, constató el representante de Salud en la provincia.

Estas inspecciones realizadas a la planta porcina, relató Cristóbal Vidal provocaron que se implementaran mejoras en los procesos de la empresa tales como: Cierre e impermeabilizado de la piscina de bombeo, sellado y tapado de la cancha de compostaje, tapado del sistema de lombrifiltro, y mejoras de almacenamiento de residuos no peligrosos, entre otras medidas, explicó el delegado.   

El Tribunal dispuso, en esa oportunidad, un plazo de 30 días, a las mencionadas Agrícola y Forestal Las Astas S.A y Agrícola Coexca S.A, para implementar medidas para poner término a los focos de contaminación denunciados, periodo que culminó hace más de un mes sin nuevas sanciones. Además, se instruyó la fiscalización del cumplimiento del recurso de protección a favor de los vecinos de Huépil, a la Corte de Apelaciones de Chillán.