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La Contraloría ordenó instruir un procedimiento disciplinario en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, tras detectar irregularidades en la gestión de personal, contrataciones y uso de recursos públicos.
Uno de los principales hallazgos corresponde al proceso administrativo de suspensión y remoción de un exdirector ejecutivo. Según el informe N°827, la demora en resolver el procedimiento permitió que continuara recibiendo remuneraciones hasta el 16 de marzo de 2026, pese a estar suspendido de sus funciones.
En ese período percibió pagos líquidos por $247.557.391. La Contraloría dispuso esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas y adoptar medidas para agilizar los procedimientos disciplinarios pendientes.
CONTRATACIONES BAJO REVISIÓN
La fiscalización detectó seis contrataciones directas para la administración central que fueron justificadas con argumentos genéricos, como continuidad del servicio e idoneidad de los postulantes, sin antecedentes suficientes que acreditaran la necesidad excepcional de omitir un concurso público.
A esto se sumó la contratación de dos personas para uno de los programas del SLEP sin procesos públicos, transparentes e inclusivos de reclutamiento y selección, pese a la existencia de perfiles previamente definidos.
El organismo fiscalizador detectó, igualmente, deficiencias en los controles de asistencia. Un funcionario prestó servicios simultáneamente en el SLEP y la municipalidad de La Calera, incluso en períodos en que registraba licencia médica. La revisión encontró reiteradas justificaciones por falta de marcación, registros manuales incompletos e inasistencias sin respaldo suficiente.
DESTINACIONES Y USO DE RECURSOS
La auditoría estableció que funcionarios contratados para establecimientos educacionales fueron destinados desde el primer día a dependencias centrales del SLEP.
El informe precisa que la legislación no contempla la comisión de servicio para docentes. En el caso de asistentes de la educación, una destinación al nivel central requiere fundamentos específicos y debidamente acreditados.
Asimismo, se detectaron funcionarios de uno de los programas que permanecieron en esta condición por más de un año, superando los límites normativos.
En materia financiera, la Contraloría observó gastos con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) cuyo destino no pudo ser acreditado suficientemente.
La revisión de horas extraordinarias y contratos a honorarios reveló regularizaciones posteriores, diferencias entre horas autorizadas, ejecutadas y pagadas, e informes con descripciones genéricas y repetitivas, sin respaldo suficiente sobre la prestación efectiva de algunos servicios.
Todos estos antecedentes quedaron incorporados al procedimiento disciplinario, instancia en la que deberán determinarse las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan.
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