Contraloría detecta grave falta de fiscalización: colegios con más denuncias por violencia escolar no fueron inspeccionados

La Contraloría General de la República encendió las alertas tras revelar serias falencias en la supervisión de establecimientos educacionales con altos niveles de violencia escolar, apuntando directamente a la Superintendencia de Educación y a la Subsecretaría de Educación.

Según el informe N°660 de 2025, los colegios que durante 2024 y 2025 acumularon más denuncias y sanciones en el marco del programa "Convivencia y Salud Mental" no fueron fiscalizados por la autoridad, pese a concentrar los casos más complejos del sistema.

El documento detalla que entre 2020 y el 13 de octubre de 2025 se ingresaron 35.410 denuncias por violencia escolar en todo el país. Sin embargo, solo 1.727 casos, equivalentes al 10%, derivaron en fiscalizaciones formales.

Para la Contraloría, esta baja respuesta resulta preocupante, especialmente considerando que las denuncias no han disminuido en los últimos años y que la violencia escolar sigue siendo una de las principales crisis que enfrenta la educación pública chilena.

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REUBICACIONES EN LOS MISMOS COLEGIOS CONFLICTIVOS

La auditoría también revisó el destino de estudiantes sancionados con expulsión o cancelación de matrícula en liceos emblemáticos de Santiago y Providencia.

Entre los establecimientos analizados figuran el Instituto Nacional José Miguel Carrera, Liceo José Victorino Lastarria, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 7 de Providencia y Liceo Carmela Carvajal.

El informe detectó que 38 estudiantes sancionados fueron reubicados en otros liceos emblemáticos o incluso en el mismo establecimiento del que habían sido expulsados, contraviniendo la normativa vigente.

De ellos, el 21% regresó al mismo colegio, ya que los directores no utilizaron la facultad legal para oponerse, mientras que el 79% restante fue derivado a otros recintos con altos niveles de conflictividad.

Ante este escenario, la Contraloría instruyó a la Superintendencia y a la Subsecretaría coordinar medidas urgentes para fortalecer la fiscalización y regular de mejor forma los procesos de reubicación de alumnos sancionados por hechos vinculados a violencia escolar.