Docentes de Los Ángeles rechazan propuesta de Hacienda de revisar 42 programas de beneficios educativos

Un oficio del Ministerio de Hacienda encendió las alertas en el mundo educativo luego de que se planteara la posibilidad de ajustar y descontinuar una serie de programas en el marco de la formulación del Anteproyecto de Ley de Presupuestos 2027. Aunque desde el Gobierno aseguraron que no existe una decisión tomada, las reacciones no tardaron en surgir.

El documento, fechado el 21 de abril y enviado al Ministerio de Educación, propone revisar 42 programas y sugiere la descontinuación de otros 15, entre ellos iniciativas sensibles como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), la Beca de Apoyo Vocación Profesor y el Programa Nacional de Lectura.

A estos se suman el Plan Nacional de Escritura, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), la Beca Distinción a las Trayectorias Educativas —exbeca Puntaje PSU— y programas orientados a la reinserción escolar.

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En paralelo, se plantea un eventual ajuste del 15% para 2027 en otras líneas de financiamiento, como la Beca Indígena, los Liceos Bicentenario de Excelencia, la Subvención de Gratuidad, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Aporte Institucional a Universidades Estatales.

Según se detalla en el oficio, este proceso responde a un "escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de recursos públicos".

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a aclarar el alcance del documento, señalando que no se trata de decisiones definitivas.

"Le estamos dando una orientación de en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro. Pero aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa", insistió la autoridad, agregando que aún no existe un decreto de ajuste de gastos.

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Rechazo desde el profesorado local

Pese a las aclaraciones, la preocupación ya se instaló en el sistema educativo. Desde el Directorio Comunal Los Ángeles del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile manifestaron un rechazo categórico a la propuesta.

A través de una declaración pública, calificaron la sugerencia como una medida "equivocada, regresiva y profundamente perjudicial", advirtiendo que reducir recursos en educación "no es un ajuste técnico, sino una definición política".

El gremio docente advirtió que el sistema ya enfrenta serias dificultades, como déficit de infraestructura, escasez de recursos pedagógicos y sobrecarga laboral, por lo que un eventual recorte agravaría aún más el escenario.

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"La educación pública no resiste más recortes. Disminuir el presupuesto en este contexto es, simplemente, abandonar a estudiantes, docentes y comunidades completas", indicaron.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades a revertir estas orientaciones y a priorizar la educación como un eje estratégico para el desarrollo del país.

"La educación no es un gasto: es una inversión social. Cada peso que se recorta hoy se traduce mañana en menos oportunidades, menos desarrollo y más desigualdad", enfatizaron.

Finalmente, convocaron a la comunidad educativa y a la ciudadanía a mantenerse informados y organizados para defender el sistema público.

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Mientras el debate recién comienza, el futuro de estos programas quedará sujeto a la discusión presupuestaria de los próximos meses, en un escenario donde el equilibrio entre responsabilidad fiscal y derechos sociales vuelve a instalarse en el centro de la discusión.