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El avance legislativo ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad al interior de las comunidades escolares, tras episodios recientes que han tensionado el desarrollo normal de las clases.
El proyecto contempla medidas como la revisión de mochilas, sanciones frente a hechos de violencia y restricciones a ciertas conductas dentro de los recintos educativos.
PARLAMENTARIOS DE BIOBIO
Desde la provincia, el diputado Patricio Pinilla valoró el avance de la iniciativa, enfatizando la urgencia de abordar el tema. "Hemos visto situaciones muy preocupantes en la provincia, con amenazas en distintos establecimientos educacionales, lo que refleja que la violencia escolar es una realidad que no podemos seguir normalizando", señaló.
El parlamentario agregó que llevó estas inquietudes directamente a la instancia legislativa. "Por ello fui a la Comisión de Educación, a plantear personalmente esta situación a la ministra (María Paz Arzola), porque creemos que se requiere actuar con urgencia", indicó.
En esa línea, destacó el impulso del proyecto como una señal concreta. "Valoro que este proyecto avance y que se estén impulsando medidas concretas para enfrentar la violencia en los colegios. Es fundamental proteger a nuestros niños y niñas, pero también hacerlo resguardando su dignidad y con normas claras para toda la comunidad educativa", sostuvo.
No obstante, también advirtió sobre la importancia de perfeccionar la iniciativa. "En la discusión en Sala vamos a estar atentos para que el proyecto tenga normas claras y no termine perjudicando ni vulnerando derechos de funcionarios, profesores o estudiantes. Aquí buscamos más seguridad, pero bien hecha", afirmó.
Por su parte, el diputado Cristóbal Urruticoechea manifestó un respaldo más categórico, enfatizando la necesidad de restablecer el orden en los establecimientos educacionales.
"En lo personal me parece un buen proyecto de ley, recuperar la tranquilidad y la paz para los estudiantes en los establecimientos educacionales es lo más lógico del mundo. Lo que está pasando, lo que hemos vivido desde unos años hasta ahora es completamente irracional", afirmó.
También cuestionó las críticas de sectores políticos al contenido. "Me parece irracional que el Frente Amplio y el Partido Comunista pretendan llegar a varios de estos puntos de los artículos del proyecto al Tribunal Constitucional, o sea, ¿qué pretenden? No hicieron nada durante tanto tiempo y quieren seguir con la misma lógica de que los estudiantes puedan destruir absolutamente todo lo que tengan a su paso, porque solamente por el solo hecho de ser menores de edad, o sea, es inconcebible, no tiene ninguna lógica", señaló.
Asimismo, respaldó una de las medidas más debatidas: "Me parece muy bien y asertivo que se les quite todo tipo de gratuidad a aquellos estudiantes que cometan estos actos violentos dentro de los establecimientos de educación".
La diputada Joanna Pérez destacó el avance por su enfoque en la seguridad de las comunidades educativas. "Valoramos la aprobación del proyecto de Aulas Protegidas en la Comisión de Educación, porque va en la línea de buscar erradicar los hechos de violencia que hemos visto en el último tiempo. No podemos seguir normalizando que se suspendan clases o que estudiantes y docentes vean afectada su seguridad. Este proyecto busca justamente fortalecer medidas preventivas y dar mayores facultades a los establecimientos", agregó.
"Ahora esperamos avanzar con responsabilidad en la Sala este lunes, porque lo que está en juego es el derecho a la educación y la seguridad de toda la comunidad educativa", concluyó.
A estas voces se sumó la diputada Lilian Betancurt, quien puso el foco en la seguridad de docentes y estudiantes en la provincia. "Hoy enfrentamos una realidad dolorosa: ser profesor o asistente de la educación en nuestra provincia no puede seguir siendo un trabajo de alto riesgo. Es inaceptable que quienes forman el futuro de Chile vayan a trabajar con temor a ser agredidos", afirmó, y subrayó que no pueden quedarse "de brazos cruzados frente a la violencia que ha golpeado nuestras aulas".
Asimismo, mencionó que esta situación "no solo afecta a los docentes", sino que también a las familias, señalando que "como padres tampoco podemos vivir con el miedo constante de no saber si nuestros hijos volverán a salvo a casa". En esa línea, recalcó que "la escuela debe ser el lugar más seguro de nuestra sociedad y no un foco de incertidumbre".
Finalmente, valoró la urgencia del proyecto, aunque enfatizó que "se necesitan herramientas reales y sanciones claras para que el derecho a estudiar de la mayoría no esté secuestrado por la violencia de unos pocos", y concluyó que "queremos paz para quienes educan y tranquilidad para las familias de nuestra provincia".
Finalmente, la diputada Flor Weisse destacó el contenido del proyecto y los avances logrados durante su tramitación en comisión. "Quiero destacar que hemos despachado un proyecto de ley que establece medidas concretas para enfrentar la violencia escolar, una problemática que hoy exige respuestas claras y urgentes", indicó.
"En este caso, aprobamos en su totalidad la propuesta del Ejecutivo, incorporando además indicaciones parlamentarias que apuntan a fortalecer su aplicación. Este proyecto no solo reconoce la gravedad del fenómeno, sino que establece herramientas específicas para que los establecimientos educacionales puedan prevenir, abordar y sancionar adecuadamente situaciones de violencia", agregó.
"Entre los aspectos centrales, se refuerzan los protocolos obligatorios de actuación frente a hechos de violencia, se establecen medidas de protección para las víctimas y se promueve el acompañamiento psicosocial dentro de las comunidades educativas. Asimismo, se avanza en clarificar las responsabilidades de los sostenedores y equipos directivos en la gestión de la convivencia escolar", sostuvo.
"En mi opinión, este proyecto debe enfocarse no solo en la reacción, sino también en la prevención. Por eso, valoro que se incorporen mecanismos que permitan intervenir de manera temprana y evitar la escalada de conflictos dentro de los establecimientos", concluyó.
COLEGIO DE PROFESORES
Desde el mundo docente, surgieron críticas al enfoque de la iniciativa. La presidenta del Colegio de Profesores y Profesoras de Los Ángeles, Ivonne Moya, expresó reparos respecto a la falta de claridad en algunos aspectos del proyecto. "La interrupción de clases se puede dar por diversas situaciones no solamente por violencia (por ejemplo, cuando se hacen protestas pacíficas por alguna situación de su propio establecimiento), pero en este proyecto no se visualiza claramente a qué llaman violencia que interrumpe el normal desarrollo de las clases", indicó.
"Pensamos que revisar mochilas no es un acto que por sí sólo detenga la violencia en las escuelas, deben existir otras situaciones que apunten a la realidad de las distintas comunidades educativas vive a diario, teniendo diversas realidades la una de la otra", añadió.
"Falta en este proyecto inclusión de los padres y apoderados que también pueden alterar o amenazar el normal desarrollo de las clases, esperábamos más de este proyecto de ley y como toda ley se debe implementar con recursos que no se mencionan y que son importantes para llevarla a cabo", sostuvo.
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