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La Tribuna

Las declaraciones de Marcela Aranda que complican la acusación contra el ministro Ávila

por Jorge Guzmán Buchón

Polémica y una acusación de "homofobia" dejaron las declaraciones de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano y exvocera del "bus de la libertad", Marcela Aranda, en el contexto de la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila. Lo anterior debido a que en su intervención aseguró que el titular de Educación "y su activismo LGBTIQ+ ha superado el límite de lo privado (...) ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños y de las comunidades educativas" para "ejercer ese activismo".

Polémica por declaraciones del ministro Ávila. / Diario La Tribuna

En el contexto de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, polémica generó una intervención al interior de la comisión encargada de analizar la admisibilidad de la AC. 

Lo anterior porque, en medio de las audiencias, se contó con la participación de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, quien expuso una serie de argumentos que, posteriormente, fueron calificados de "homofobia". Aranda recordó los dichos del Presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública: "no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política por ser homosexual". Posteriormente, la vocera del "Bus de la Libertad", agregó que, tras escuchar lo expuesto por el Mandatario, "muchos de los que escuchamos nos asustamos, porque el ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros, o incumple las leyes o la Constitución". 

ACUSAN ACTIVISMO, NEGACIONISMO Y HOMOFOBIA

Aranda explicó que "no es algo directamente que tiene que ver con el cuestionamiento de su orientación (...) tenemos los documentos para probarlo, y que dice el libro acusatorio porque habla del activismo del ministro, es que él y su activismo LGBTQI+, su condición, ha superado el límite de los privado". El mismo concluyó que "él (ministro Ávila) ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo".  Desde la Cámara Baja no tardaron en llegar con críticas. 

Desde Convergencia Social, la diputada Emilia Schneider afirmó que "es realmente triste lo que hemos visto en el debate público de estos días (...) Homofobia contra el ministro de Educación y negacionismo". El propio Presidente Boric publicó, a través de su cuenta de Twitter que "las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al Ministro Ávila está marcada por la homofobia, que que aquí queda claramente en evidencia. Y esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad".

CRITICAN INSTRUMENTOS CON CARGA IDEOLÓGICA

El pasado mes de mayo las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, del Partido Social Cristiano, anunciaron la acusación en contra de Ávila. Lo anterior por "haber infringido lo que es nuestra Constitución, específicamente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos", haciendo referencia a una guía del Ministerio de Educación. El documento contiene orientaciones para el "resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno". 

Debido a lo anterior Muñoz y Concha han afirmado que, "se han estado creando instrumentos con una fuerte carga ideológica, dejando fuera a los padres que no comparten estas ideologías. Se está confundiendo la identidad sexual de los niños". Posteriormente se incluyeron acusaciones en contra del titular de Educación como "vulnerar la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad" de "incumplir su rol de autoridad y conducción del sector educativo". Además el quinto y sexto capítulo están dirigidos a programas de la Junaeb y, finalmente, el último capítulo hace referencia a un "incumplimiento, negligencias e inejecuciones en la implementación de los Servicios Locales de Educación".  

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