Priorizar sin postergar a las regiones

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado al país plantea un crecimiento del gasto público de 1,5%, en un escenario que obliga a compatibilizar dos necesidades igualmente relevantes: recuperar el equilibrio de las cuentas fiscales y responder a urgencias que siguen presentes en los hogares chilenos.

La propuesta establece como principales prioridades los recursos destinados a crecimiento, empleo y reconstrucción, con un aumento del 8,1%; seguridad lo hace en 9,1% y salud en 4,7%. Se anuncian además 241 obras públicas adicionales en las regiones, recursos para 166 mil subsidios habitacionales y mayores fondos para áreas como emprendimiento e infancia.

Sin duda, énfasis muy necesarios. Chile requiere recuperar inversión y empleo, fortalecer sus capacidades frente al crimen organizado y responder a las listas de espera que continúan tensionando el sistema de salud. También resulta razonable que, en tiempos de estrechez fiscal, el Estado revise la efectividad de sus programas y reduzca aquellos gastos que no están entregando los resultados esperados.

El Gobierno informó que fueron evaluados 632 programas correspondientes a 23 ministerios, junto con anunciar mayores controles sobre compras, arriendos y beneficios sociales. El principio detrás de aquello debiera ser transversal: los recursos públicos son limitados y cada peso mal utilizado es un peso que deja de llegar a una necesidad real.

Sin embargo, precisamente porque un presupuesto obliga a priorizar, tan importante como observar dónde aumentan los recursos es conocer dónde disminuyen.

Y desde Biobío existe una preocupación que no puede quedar relegada durante la discusión parlamentaria: la reducción planteada para los recursos de los gobiernos regionales.

En una región que enfrenta dificultades de empleo y que requiere inversión en infraestructura, conectividad, desarrollo productivo y proyectos comunales, disminuir la capacidad de inversión territorial merece una revisión cuidadosa. Más aún cuando uno de los propósitos declarados del propio Presupuesto es impulsar el crecimiento y la generación de empleo.

La responsabilidad fiscal es necesaria pero también lo es evaluar programas, eliminar ineficiencias y exigir resultados concretos al Estado. La austeridad no debiera convertirse automáticamente en menor capacidad de desarrollo para los territorios.

La discusión que comienza en el Congreso debiera, por tanto, superar la tradicional disputa entre gastar más o gastar menos. La pregunta relevante es cómo gastar mejor, dónde poner los recursos disponibles y qué resultados podemos exigir a cambio.

Un buen presupuesto no se mide solamente por cuánto crece o cuánto ahorra. Se mide, finalmente, por su capacidad de transformar recursos limitados en soluciones concretas y oportunidades reales para las personas, vivan donde vivan.