Reparación a víctimas de la violencia en la macrozona sur

Cuando en 2020, por mandato del Presidente de la República de la época, Sebastián Piñera (Q.E.P.D.), el Ministerio del Interior y Seguridad Pública creó la Unidad de Coordinación Macrozona Sur, se planteó que su objetivo central sería coordinar y gestionar la implementación de políticas y programas que fortalecieran la seguridad pública en esta parte del territorio nacional.

En ese periodo se vivía un recrudecimiento de los ataques a personas y bienes en provincias como Arauco y Biobío, así como en la vecina Región de La Araucanía, lo que derivaba en fuertes críticas desde distintos sectores a la incapacidad que mostraba el Estado en su conjunto para hacer frente a un conflicto que, lejos de amainar, se había intensificado en los años previos, con lamentables consecuencias principalmente para quienes residen en las zonas rurales.

Dos años antes, en 2018, se había implementado el primer programa de atención a víctimas de violencia rural, el cual ofrecía subsidios y asistencia a través de distintas instituciones, pero carecía de un enfoque estructural y dependía principalmente de la voluntad política de cada gobierno.

Hoy, la realidad no es muy distinta y se conoce poco de uno de los ejes de acción que se determinó para la Unidad de Coordinación Macrozona Sur: la reparación a las víctimas de delitos que un importante porcentaje quedan impunes y dejan una secuela imborrable en quienes los sufren.

Por eso, resulta valorable que el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales Faro UDD, realizara un estudio donde propone elementos fundamentales para la elaboración de un sistema más integral de reparación, como son la creación de una nueva institucionalidad que cuente con autonomía y registros propios, la creación de un registro nacional de víctimas y un mayor foco en la rehabilitación psicosocial.

Con todo, se deben reconocer acciones que van en la línea correcta, como la reparación económica que desde 2022 a la fecha, durante la actual administración de Gobierno, han recibido 90 beneficiarios de las regiones de Biobío y La Araucanía, a quienes se le han entregado un total $3.200 millones para contrarrestar las pérdidas productivas debido a hechos de violencia rural acreditados a través de un análisis previo.

Este tipo de iniciativas son sumamente relevantes, con el objetivo de que la reparación de las víctimas de la violencia rural debe dejar de ser un tema secundario o dependiente del color político del gobierno de turno. Por el contrario, es urgente que exista un compromiso real, con financiamiento creciente y mecanismos de fiscalización que eviten que la deuda con las víctimas de este verdadero flagelo que afecta a la zona sur siga creciendo.