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Legislación para hacer frente a los incendios forestales

por La Tribuna

Bosques chilenos / Archivo / La Tribuna

Más de 100 mil hectáreas no han podido ser recuperadas tras los megaincendios que asolaron el centro y sur de Chile -y con especial intensidad sectores de nuestra Región del Biobío- los años 2017 y 2023. Una muy mayoritaria parte de ese territorio es propiedad de pequeños y medianos productores que no cuentan con los recursos necesarios para emprender una iniciativa de tal complejidad.

Frente a esta realidad, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) asevera que las grandes empresas han asumido la recuperación de sus terrenos, pero las pequeñas y medianas no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.

En medio de la preocupante situación, un nuevo factor podría complicar todavía más este difícil escenario. Se trata del proyecto de ley de prevención y mitigación de incendios forestales, que se encuentra muy cerca de ser aprobado por el Senado, y que considera nuevas restricciones a las actividades de estos pequeños y medianos propietarios, pero no incluye aspectos realmente enfocados en la prevención y persecución de los responsables del inicio del fuego.

Así lo plantean Simón Berti y Julio Torres, presidente nacional y secretario ejecutivo, respectivamente, del Colegio de Ingenieros Forestales, quienes aseveran que en la nueva normativa subyace una idea inquietante: Que los propietarios de predios forestales son la razón última de todos los males que provienen de los incendios, por lo cual se establece una estrategia basada fuertemente en imponerles nuevos instrumentos de regulación del uso del suelo, a costo privado, con el riesgo de que se vean incluso obligados a dejar el rubro.

Lo más lamentable es que, lejos de incentivar el desarrollo de un sector altamente intensivo en generación de empleo y puntal del desarrollo económico regional, la normativa se enfoca en imponer restricciones, presumiendo que son los propietarios los eventuales responsables del inicio de estas emergencias. En este sentido, la ley no toma en cuenta un factor fundamental: la gran mayoría de los incendios es provocado intencionalmente o por negligencia. Y para perseguir esas responsabilidades, que debería ser el foco central de una legislación de esta naturaleza, poco y nada considera.

Resulta muy curioso que una ley que originalmente se pensaba iría en apoyo de quienes son víctimas de estos episodios, termine cargando prácticamente toda la responsabilidad en los propietarios de los predios forestales, desperdiciando la oportunidad de contribuir -desde la vereda legislativa- a la prevención y persecución de quienes son los verdaderos culpables de las emergencias.

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