Ley de obesidad

Hace varios años que los especialistas vienen advirtiendo que la obesidad es una enfermedad que ha crecido peligrosamente en Chile.

Si en el siglo pasado, uno de los grandes problemas de salud pública era la desnutrición, particularmente a infantil, ahora la realidad del país es diametralmente opuesta. Durante las décadas precedentes, hubo un enorme esfuerzo del Estado para frenar esta verdadera tragedia que golpeaba a los hogares más empobrecidos, debido a la serie de consecuencias inmediatas y de larga aliento que ocasiona la falta de alimentos. Los controles de niño sano y la entrega gratuita de leche en los recintos de salud fueron parte de ese esfuerzo por evitar las secuelas de una desnutrición infantil severa. También hubo instituciones que se crearon con el fin, como lo fue la Corporación Nacional para la Nutrición Infantil (Conin), que se preocupaba de los casos más severos para proporcionarles alimentos en calidad y cantidad suficiente.

Sin embargo, ahora el panorama ha tenido un vuelco en 180 grados. En nuestro país, el 74,2% de los adultos padece de sobrepeso u obesidad y muere una persona con obesidad por hora, según información del Ministerio de Salud a marzo de 2021. Es que esta verdadera pandemia crónica se relaciona con más de 236 patologías, entre ellas, la de un mayor riesgo de 13 tipos de cánceres.

En este contexto urge que se aborde un proyecto que establezca la obesidad como enfermedad crónica, con cobertura financiera por parte del Estado e instituciones privadas de salud, y con un enfoque multidisciplinario que incluya la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente y de su familia, como ocurre en la atención primaria de salud.  

Asimismo, la relación entre obesidad y salud mental es bidireccional. La evidencia apunta a que las personas con obesidad tienen 1,4 veces más riesgo de padecer depresión que una persona con peso normal. Entre los niños, además, se suma bullying escolar, mermas cognitivas, emocionales, sociales, motivacionales, entre otras. Todo lo anterior les afecta no solo a ellos, sino también a su entorno.

Por último, en 2019, el subsecretario Cristóbal Cuadrado realizó un estudio sobre el impacto económico y social de la obesidad en Chile, que estimó que para el año 2020, el 2,9% del gasto total en salud se destinaría al tratamiento de la obesidad y sus consecuencias. Por lo tanto, al declarar la obesidad como una enfermedad crónica podría liberarse parte de la carga económica de tratamientos mentales y físicos de otras enfermedades, optimizando los escasos recursos en salud en Chile. Las autoridades y el Congreso tienen la palabra para hacer realizar una ley de esta naturaleza.

Si hace un siglo, el Estado tomó la decisión de rescatar y recuperar a los niños desnutridos como un asunto prioritario en la acción pública, esa misma perspectiva debe primar ahora que el escenario ha cambiado de manera tan dramática en las últimas décadas. De lo contrario, iremos camino a incrementar los efectos y consecuencias de ese pandemia que cada vez más se enquista entre nosotros.