Central San Carlos

El proyecto de construcción de la central hidroeléctrica San Carlos, que se pretende emplazar sobre el río Biobío, entre las comunas de Los Ángeles y Mulchén, será una importante prueba para saber sobrellevar el necesario desarrollo económico y productivo del país con las demandas y requerimientos de las comunidades en las que se emplazan.

La iniciativa de la empresa Inversiones San Carlos SpA, por 420 millones de dólares, fue reingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el pasado 30 de junio, después que la original fuera retirada de su tramitación a principios de mayo.

Desde ya, se anticipan las opiniones contrarias de residentes y autoridades por sus impactos en las personas y en el entorno natura, así como el respaldo de gremios y de otros vecinos que ven con buenos ojos que ese tipo de iniciativas genere actividad económica, especialmente durante el periodo de construcción, además de producir electricidad de fuentes distintas al carbón y el petróleo.

Esta discusión no es nueva. Se viene dando desde mediados de los años 90 cuando la legislación ambiental aún se encontraba en una etapa muy incipiente. Fue el caso de la construcción de la central Ralco, también sobre el río Biobío, primera iniciativa a nivel nacional en someterse a evaluación ambiental cuando ni siquiera estaba dictado el respectivo reglamento.

Fue un proceso de aprendizaje que tuvo de errores y desaciertos y que, por cierto, dio cuenta de un nuevo escenario en materia de grandes proyectos y su impacto en las comunidades donde se instalan. Porque si hace 50 años, los vecinos aplaudían que las fábricas y procesos industriales se levantaran en los patios de sus casas, ahora la perspectiva cambió de manera profunda. Sería inimaginable que una planta se construye junto a las viviendas y, si así sucede, debe ser con las respectivas compensaciones y mitigaciones.

De hecho, la discusión aún no se resuelve. Es cuestión de ver cómo en los últimos dos años se ha levantado una intensa polémica entre las empresas responsables de los proyectos de generación eólica y algunas comunidades rurales vecinas, que advierten de sus impactos negativos durante y después de la construcción.

Ciertamente que el progreso de un país no se puede detener. Sin embargo, esto no puede ser a cualquier costo. Al cabo, se trata de conseguir un justo equilibrio que considere las legítimas expectativas de quienes llevan adelante estos proyectos, los requerimientos energéticos del país y las debidas compensaciones y mitigaciones a las comunidades cercanas, además del más riguroso resguardo del entorno natural.

No se trata de un asunto fácil. Conciliar los intereses de todas las partes comprometidas, a veces muy disímiles y contrapuestos, puede ser un desafío de marca mayor.

Sin embargo, si hay transparencia y voluntad de las partes, ciertamente que se está dando un paso importante en la ejecución de proyectos con las debidas salvaguardas. En buena medida, de eso se trata el desafío no solo actual sino que también de los años que vienen por delante.