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Editorial

Asesinato de un carabinero


 Por La Tribuna

Nuevamente carabineros se estremece por el asesinato de uno de sus funcionarios. Esta fue vez la víctima fue el cabo segundo David Florido Cisterna (33 años), ascendido a suboficial de manera póstuma, quien recibió un disparo en la cabeza en un operativo de fiscalización en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (Región Metropolitana).

El uniformado y su compañero de servicio llegaron a una barbería, después de recibir información telefónica que unos hombres portaban armas de alto poder de fuego dentro del local. Aunque no se ha precisado la dinámica de los hechos, se ha asegurado que hubo produjo un forcejeo que terminó con el efectivo policial con una herida a bala en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, murió minutos después de haber llegado a un recinto asistencial. De esta manera, David Florido pasó a ser el mártir 1.227 de la institución uniformada.

En las últimas horas, la Fiscalía confirmó tener la identidad del presunto autor del disparo, quien es un peligroso delincuente de 24 años, con un amplio prontuario policial. La implacable búsqueda del sospechoso se ha extendido a la Región Metropolitana.

Este crimen reavivó el debate por las condenas a quienes atacan y asesinan a efectivos policiales en ejercicio de sus funciones. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció una querella por el delito de homicidio en contra de un carabinero en acto de servicio, delito tipificado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar, que considera penas que oscilan entre 15 años y un día y el presidio perpetuo calificado.

Justamente este hecho trágico alentó a los legisladores de Chile Vamos a buscar un aumento de las penas contra quienes cometan homicidio o lesiones contra funcionarios en ejercicio, mociones que se vienen presentado desde el año pasado. Lo más reciente fue lo de diputados UDI que reiteraron la solicitud al Gobierno de dar suma urgencia al Proyecto de Ley Nain 2.0 y establecer la Agenda pro Carabineros.

En lo concreto, se pide aumentar las penas en contra de quienes agredan a los funcionarios policiales, y para que tampoco puedan acceder a beneficios carcelarios o penas sustitutivas una vez que sean condenados, además de acciones para proteger social y económicamente a las familias de los efectivos que sean heridos o mueran en actos de servicio.

Si bien algunos personeros de Gobierno y varios legisladores partidos del oficialismo han sido habitualmente reacios a acciones que signifiquen mayor seguridad a los efectivos policiales (tanto de Carabineros como de la PDI), es urgente que se sacudan de sus prejuicios ideológicos y actúen en consecuencia.

Las instituciones encargadas del resguardo de la seguridad y el orden público necesitan sentirse respaldadas y validadas, más aún cuando la delincuencia asociada al narcotráfico parece imponer su violencia en miles de villas y poblaciones a lo largo del país. La seguridad de la población depende de contar con policías profesionales que tengan los respaldos proporcionados por la institucionalidad para acometer con su labor.


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