miércoles 21 de agosto, 2019

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Editorial

Denunciantes perseguidos


 Por La Tribuna

Esta semana se conoció a través de dos reportajes de medios nacionales que el Ejército intervino los teléfonos personales de cuatro efectivos, dos activos y dos en retiro, que habían realizado denuncias de irregularidades al interior de la institución, relacionadas todas con el dinero proveniente de la Ley Reservada del Cobre. En paralelo, se reveló que también se intervino el celular del civil Mauricio Weibel, periodista que ha investigado desde hace varios años la corrupción al interior del Ejército y que ha sido uno de los que puso de manifiesto el conocido “Milicogate” al interior de las filas castrenses.

La operación, conocida como Topógrafo, se fundó en la ley 19.974, la Ley de Inteligencia, que permite la interceptación telefónica como medida de contrainteligencia si es que se sospecha que los espiados representan una amenaza de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. La legislación busca, en el fondo, resguardar la seguridad nacional y proteger al país de las amenazas mencionadas.

Ante la reacción del mundo político, y de los propios afectados, el ministro de Defensa Alberto Espina respondió que las escuchas telefónicas “se ajustaron plenamente” a las disposiciones legales del articulado. Esa fue la llama que encendió la discusión sobre el tema de la responsabilidad de las escuchas.

La mala utilización de esa ley ya había causado graves problemas a Carabineros en la denominada Operación Huracán, cuando obtuvieron con datos falsos la autorización de un juez de Apelaciones para realizar la operación. Lo denunciado por los objetivos de estas escuchas no ha sido más que corrupción y mal uso de los gastos reservados. Compras de pasajes aéreos, sobresueldos, lapiceras, chocolates y otros bienes no justificados corresponden a delitos y su denuncia no pone en jaque la seguridad del país, sino todo lo contrario, permite acabar con la corrupción en una institución que debe tener la probidad como estandarte a todo nivel. En ese sentido, perseguir a los que denuncian sólo cambia el foco de lo que realmente importa, que es terminar con la corrupción al interior de las filas del Ejército.


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