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Editorial

Nuestros carabineros: sometidos a la delincuencia y sin justicia


 Por La Tribuna

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La semana pasada causó gran impacto en las redes sociales la viralización de un video que muestra la persecución policial ocurrida en Ovalle y que terminó con dos motoristas de carabineros muertos, tras ser colisionados por un automóvil manejado por delincuentes que lo habían robado.

Este fatídico incidente saca nuevamente a relucir un grave problema existente en nuestro país y es que la delincuencia se está tomando las calles y la justicia, en vez de detener el problema, lo facilita con sus beneficiosas determinaciones a favor de los antisociales.

Lo que resulta más molesto es la posición de la fiscalía, aquella que es pagada con los impuestos de todos los chilenos, permanentes víctimas del temor que causan estos individuos. La postura del organismo ahora es que el hecho corresponde a un accidente de tránsito y niegan la presencia de dolo homicida. Realmente una vergüenza.

La defensora regional, Inés Rojas, sale a apoyar a los asesinos, indicando que “para nosotros, el video da cuenta de la velocidad en que van los jóvenes, del bus que se les atraviesa y que ellos tratan de tomar la pista alternativa, y lamentablemente se encuentran con Carabineros. Ese es un medio que nos va a servir para probar nuestra tesis”. Seguramente la defensora piensa que los muchachos iban en un tranquilo paseo por la ciudad.

Perfectamente, con la actitud que tenían, podrían haber atropellado peatones y colisionado a otros vehículos, pero eso no importa. Los hechos tangibles son que, producto del comportamiento ilícito de robar un automóvil, terminaron matando a dos uniformados. ¿En qué país se justifica un hecho de esta magnitud? Por supuesto, en Chile.

De qué está preocupada la defensora ahora… obviamente la vida de los carabineros no les importa, porque según ha manifestado, se contactará con el Instituto de Derechos Humanos, porque Carabineros actuó con violencia contra los delincuentes.

Realmente, con lo manifestado por esta defensora, queda claro que el problema no está en la ley, sino en quienes la ejecutan.

Lamentablemente, la Reforma Procesal ha permitido, desde su aplicación, las más injustas medidas judiciales, que han ocasionado que la ciudadanía esté más atemorizada, especialmente cuando se trata de defender a los suyos. Si actúa contra los delincuentes, terminan presos los inocentes.

Recordemos el portonazo ocurrido hace unos meses en la capital, en donde padre e hijo frustraron el robo y redujeron al delincuente, quien murió, y las víctimas quedaron en prisión preventiva.

Pareciera que en ocasiones la palabra “ética” no está en algunos funcionarios del Poder Judicial.


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