Se le debe una disculpa pública al país entero

463.442 ciudadanos con derecho a voto, han sido perjudicados gravemente por un error del Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia, transformando el proceso electoral de este domingo 23 de octubre en un bochorno sin precedentes. Se podría comparar esto con escándalos pasados tales como el “mejor censo de la historia”, que acabó con un ejercicio propio del país, en un verdadero fracaso.

Aquí, el Registro Civil falló, no cabe duda de aquello. Su visión institucional de contribuir al “ejercicio efectivo de los derechos de las personas, cumpliendo nuestra misión con criterios de excelencia, confidencialidad, calidad y oportunidad” ha quedado por el suelo, se desmoronó.

Mientras, desde el nivel central, intentan lo imposible por bajarle el perfil al tema y seguir avanzando, de la misma manera en que se está haciendo con los cientos de muertes de niños al interior del Sename y anteriormente con las escandalosas jubilaciones de Gendarmería o las liberaciones masivas de reos. Curiosamente todas estas aberraciones administrativas, dependen del mismo ministerio: Justicia y Derechos Humanos. Algo no funciona, eso está claro.

¿Qué va a hacer el gobierno ahora para buscar a los responsables? ¿Será capaz de pensar en sancionar a importantes políticos a un año de una campaña presidencial? Claramente, cuesta creerlo. En consecuencia, como ya hemos conocido en otras ocasiones, probablemente todo quedará en nada y se imprimirá casi como una anécdota más de la política, la cual ha  terminado pagado todo el país.

Por ahora lo que resta es que la máxima autoridad del país, Michelle Bachelet, enfrente seriamente el tema y, como líder del gobierno, jefa de Estado y Presidenta de todos los chilenos, actúe con sus atribuciones para explicarle al país lo que ocurrió y sancione por el bien de Chile este error. Si eso tiene que costar la salida de un ministro o director nacional de un organismo, entonces tendrá que ser así, aunque tenga costos políticos. Haber dañado la fe pública de las instituciones por un error evitable y que se conocía desde julio pasado, no puede quedar impune.

Se estima que en la región del Biobío, son más de 48 mil personas las afectadas y hoy, no tienen solución, siendo que ellos no cometieron ninguna falta. Fueron perjudicados por el propio Estado y no podrán participar del proceso electoral, democrático. En pocas palabras, perdieron su derecho a voto. ¿Quién responde?