El falso aviso de bomba ¿y el detenido? Ya está en casa

Más de 110 evacuados, 30 ambulancias en traslados de urgencias, costos de arriendo de camas en clínicas privadas, movilización de unidades de Carabineros, Bomberos, traslado del GOPE desde Concepción, investigación de la PDI y abogados del Ministerio del Interior, son parte del daño y costos que generó a la sociedad el hombre de 29 años, quien en un acto de venganza – según dijo - creó el pánico en el centro asistencial la madrugada del lunes. Un operativo que aún no logra tener un valor exacto, pero que superó con creces los 30 millones de pesos.

Tras los hechos, la Fiscalía ordenó investigar de inmediato para dar con el responsable y tras diversas diligencias se logró su captura, su confesión, la incautación del teléfono celular y sin embargo, quedó únicamente con firma quincenal mientras dura la investigación. ¿Qué investigación? Es la pregunta que todos se hacen, se encontró el elemento de prueba y hasta está su testimonio y supuesto arrepentimiento, sin embargo, para la justicia no son suficientes. Interesante sería conocer en detalle qué hacen los profesionales día por día en los tres meses que dura la investigación.

¿Acaso generar una alerta de bomba y una evacuación masiva de pacientes, haciéndoles correr el peligro de esa situación, no es causa suficiente para que el sujeto sea un peligro para la seguridad de la sociedad? ¿no es acaso un hecho que atenta contra la seguridad del Estado?

Si bien es cierto, que la legislación en muchos casos lamentablemente no está bien construida, los magistrados basan sus determinaciones en “el espíritu de la ley”. Sin embargo, se ha generado una sensación en la sociedad que indica que ese espíritu es más bien proteger a los delincuentes en vez de las víctimas.

Claramente, se ha informado que el responsable del llamado es un paciente psiquiátrico, pero también es cierto que una persona en sus cabales no se le ocurriría hacer este tipo de daños a la comunidad.

Es lamentable que la justicia sea tan blanda cuando en un recinto médico, donde se busca tratar patologías de diversa índole, con el solo objeto de proteger la vida de las personas, un acto de estas características, con el operativo y la investigación que generó, terminen en una firma mensual y “aquí no ha pasado nada”.

Más aún, con el sujeto estando confeso del hecho, el tribunal determina la prohibición de informar su nombre a la opinión pública ¿a quién están defendiendo?