Delincuentes felices: la ley los ampara

La Reforma Procesal Penal, iniciada por la otrora ministra de Justicia Soledad Alvear en diciembre del año 2000, prometía ser una de las más modernas modificaciones al Poder Judicial, que remplazaría el antiguo régimen inquisitivo y escrito por un sistema acusatorio y oral, donde ingresarían los Fiscales del Ministerio Público, los defensores y el juez. En un abierto proceso de audiencias públicas se podría, entonces, conocer las pruebas, los testigos y el juicio, muchos de ellos transmitidos por televisión. La Reforma Procesal Penal se asemejaba en parte al procedimiento judicial de EE.UU., aunque en este caso había algunas diferencias claras como, por ejemplo, que en Chile no se consideró la instalación de un jurado en los litigios.

Hace unos días se cumplió 15 años desde aquella entrada en vigencia y, a la postre, esa ocurrencia devino efectivamente en una mala copia de la justicia norteamericana.

No se trata de malos profesionales, injustos jueces ni nada de eso. Los funcionarios del Poder Judicial sólo pueden hacer lo que la ley les faculta y, por esta razón, estimado lector, se ve muchas veces que la puerta giratoria opera como en sus mejores tiempos.

Si lo que se buscaba era proveer al sistema penal de mejores soluciones frente al conflicto, lo cierto es que se evidencia un rotundo fracaso. Esto, porque los parlamentarios no han actuado acorde a los tiempos y han privilegiado la protección de los victimarios por sobre las víctimas.

La legislación chilena, aquella que debe ser resguardada, aprobada y creada por los diputados y senadores, no ha hecho otra cosa que transformar a Chile en un país inseguro.

El miércoles, un grupo de familias de la capital inició un cacerolazo contra la delincuencia en vista de que ni la PDI, ni Carabineros, ni los tribunales tienen las suficientes facultades legales –aunque sí excelentes profesionales– para actuar contra la delincuencia y, lamentablemente, ante las leyes mediocres, no les queda más que resignarse a dejar en libertad al malhechor.

Actualmente se está trabajando para dar mayor seguridad a los fiscales, algo que es muy necesario. Sin embargo, el orden que se debe seguir es otro: se debe empezar por lo macro y después ir a lo específico.

Las facultades que tiene, por ejemplo, la Policía de Investigaciones son muy limitadas y controladas rigurosamente por la Fiscalía. Por lo tanto, debido a la normativa existente y a las excesivas burocracias, esta institución está muy lejos de parecerse al FBI, a pesar de que cuenta con funcionarios del estándar.

Chile necesita leyes serias que permitan establecer un control. La Reforma Procesal Penal no ha funcionado como se esperaba y todas las falencias sólo se pueden o, más bien, se deben solucionar en un único lugar: el Congreso Nacional.