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En una columna de opinión publicada en El Mercurio, planteó que una medida de este tipo permitiría fortalecer los mecanismos de control frente al lavado de activos y reducir los espacios para la evasión fiscal, reabriendo una discusión clave sobre modernización financiera y trazabilidad económica en el país.
De Gregorio explicó que "para combatir el lavado de dinero y la evasión se deben aumentar los costos de estas operaciones", subrayando que avanzar hacia métodos de pago digitales y trazables permitiría detectar delitos con mayor facilidad.
Si bien reconoció que no es viable digitalizar todos los pagos, insistió en la importancia de incentivar alternativas electrónicas. Retomando una propuesta que expuso en 2023, consideró urgente prohibir las transacciones en efectivo que superen los quinientos mil o un millón de pesos, debido a que "estas operaciones suelen involucrar dinero de origen ilícito o buscan evitar impuestos".
De Gregorio señaló que, junto al riesgo de criminalidad, acumular o trasladar grandes sumas de efectivo implica un peligro considerable, sobre todo en el actual contexto de inseguridad que vive el país. Si bien aclaró que existirán "casos especiales" y "excepciones", sostuvo que estos no son excusa para retrasar una regulación más estricta.
Respalda su argumento con datos de 2022, donde se observa que el efectivo representó casi un tercio de todas las transacciones en Chile, mayoritariamente en ferias, transporte y comercio minorista de bajo monto. En el caso específico del retail, solo el 15% de las ventas en grandes tiendas se realizaron en efectivo ese año, cifra que continúa descendiendo.
De Gregorio hizo referencia a la experiencia de Italia, remarcando que limitar el monto máximo para compras en efectivo contribuyó significativamente a reducir la evasión tributaria. Además, añadió que la mayoría del efectivo proviene de retiros en cajeros automáticos, y es poco probable que estos se destinen a pagos de altos valores. En este escenario, propuso discontinuar la emisión del billete de $20.000, ya que aunque su uso es limitado, sigue siendo el preferido para transacciones ilícitas. Esta medida, sostuvo, agilizaría la fiscalización y el combate contra actividades ilegales.
De Gregorio admitió que puede haber dificultades puntuales, como el pago a temporeros inmigrantes en la agricultura, ya que eliminar billetes de alta denominación implicaría llevar más dinero en billetes de menor valor. Sin embargo, planteó que existen opciones digitales más seguras y trazables para este tipo de casos.
El economista advirtió que aunque las transferencias electrónicas tampoco están exentas de uso indebido, la actual ley que obliga a los bancos a informar sobre personas que reciben más de 50 transferencias mensuales o 100 en seis meses "ya está mostrando resultados" y podría tener un impacto positivo en la reducción de la evasión del IVA.
Subrayó que el impacto sería aún mayor si se imponen límites a los pagos en efectivo de alto valor. En paralelo, destacó la relevancia del desarrollo del sistema de finanzas abiertas, que facilitará la digitalización de los pagos y permitiría relajar el secreto bancario en casos excepcionales.
Entre los desafíos pendientes, De Gregorio mencionó el uso de criptomonedas y sus implicancias para el sistema financiero. Comentó que se deben tomar medidas efectivas para enfrentar el lavado de dinero y la evasión, especialmente considerando el aumento del narcotráfico, la creciente inseguridad y los desafíos fiscales de Chile.
Recordó recientemente el caso de la "trama bielorrusa" para ilustrar los riesgos de operaciones con grandes sumas de efectivo o dólares no detectadas por las instituciones del Estado, y concluyó que esperar que los delitos se descubran por accidente no es una opción. Reiteró que la innovación tecnológica obliga a avanzar en regulaciones y controles más eficaces cuanto antes.
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