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El monto —correspondiente al 0,52% del total de la cuenta— está destinado, paradójicamente, a financiar las compensaciones para los mismos usuarios que se vean afectados por cortes de luz en el país.
Javier Piedra, director de Energía para Todos, explicó que todo este fenómeno surgió en 2017, cuando una inusual nevada dejó a Santiago —y, por rebote, al resto del país— sin suministro eléctrico.
La emergencia gatilló una reacción en cadena: la Comisión Nacional de Energía (CNE) diseñó una nueva norma técnica para que las distribuidoras garantizaran un servicio más robusto.
La regla incluía estándares mínimos de calidad, como los TIC y FIC —tiempo y frecuencia de interrupciones— con la idea de compensar automáticamente a los clientes cuando el suministro se interrumpiera por más de tres horas seguidas o un acumulado de seis horas al mes.
Sin embargo, implementar la norma exigía una fuerte inversión en infraestructura. Y en el sistema eléctrico chileno, toda inversión —desde un cable hasta un poste nuevo— la pagan los usuarios.
Así fue como, en 2022, cuando se calculaban las nuevas tarifas de distribución —ese 17% fijo que viene en las cuentas de luz— se optó por una solución menos costosa para las empresas: dejar archivada la norma técnica y optar por crear un fondo para compensaciones, financiado por los propios clientes.
En ese contexto, desde junio de 2024, 21 de las 26 distribuidoras del país —entre ellas Enel, CGE, Chilquinta y Saesa— incluyen en la boleta mensual dos cobros que suman el 0,52% del total.
¿Qué significa en montos? Si un cliente paga $100.000 de luz, $520 van directo a un fondo que después se usará para devolverle dinero si se corta el suministro. Un negocio redondo.
Lo más grave, según Piedra, es que esto no aparece detallado en las boletas. "Es un cobro encubierto, porque nadie sabe que está pagando sus propias compensaciones", aseguró.
Frente a la polémica, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reconoció que los cargos existen y que efectivamente los consumidores están financiando las compensaciones.
Según detallaron, el cobro se materializa mediante dos ítems incluidos en la tarifa de distribución: uno representa el 0,46% y el otro un 0,06% del total mensual, sumando un 0,52%, que no aparece desglosado en las facturas.
Pese a eso, desde la CNE defienden el mecanismo. Argumentan que este traspaso fue parte del proceso de tarificación del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el período 2020-2024, y que su impacto en la cuenta "es marginal".
A juicio de la institución, incluir ese costo en la tarifa permite asegurar el cumplimiento legal de las compensaciones automáticas cuando se corta la luz, sin que eso signifique alzas desproporcionadas ni que las empresas eludan sus responsabilidades.
La CNE explicó también que durante la negociación del VAD, las empresas propusieron elevar las tarifas para invertir en mejoras de infraestructura. Sin embargo, el organismo desestimó esa idea.
Según argumentaron, "hubiese significado una sobrerrenta artificial sin ningún efecto en la calidad del servicio a los usuarios", ya que no había certezas de que las distribuidoras realmente hicieran las inversiones.
En vez de eso, prefirieron asegurar el cumplimiento de las compensaciones obligatorias mediante un cargo tarifario directo.
El Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos, sin embargo, no comparte del todo ese razonamiento.
En un dictamen emitido en 2023 tras una discrepancia con Chilquinta, cuestionó abiertamente que los usuarios asuman este tipo de costos, señalando que "resulta inadecuado incorporar, en la tarificación, un monto por concepto de compensaciones a clientes por interrupciones de suministro".
Mientras la norma técnica se mantuvo archivada para evitar inversiones "onerosas", los temporales de agosto de 2024 dejaron a más de 2,4 millones de hogares sin luz.
Los usuarios recibieron su compensación en la boleta siguiente, pero —como explica Piedra— "esa plata salió de nosotros mismos, no del bolsillo de la empresa".
Paradójicamente, las multas no se aplicaron. ¿Por qué? Las distribuidoras cumplieron con la obligación de compensar a los usuarios.
La única que se resistió fue Enel, al no estar de acuerdo con la calificación de "fuerza mayor" que hizo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para justificar los cortes.
El Gobierno introdujo este año una indicación en el proyecto de ley de subsidio eléctrico que busca impedir que, en el futuro, las compensaciones sigan saliendo del bolsillo de los usuarios. La indicación fue aprobada en el Senado, pero aún debe pasar por la Cámara de Diputados.
Su propuesta es concreta: crear un portal público donde cada distribuidora rinda cuentas claras sobre los planes de inversión financiados con lo que se paga mes a mes.
"Si nos obligan a pagar, al menos que sepamos en qué se gasta", concluyó.
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