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El debate por el proyecto de ley que busca redistribuir las cuotas de pesca entre el sector artesanal e industrial continúa sumando voces en la región del Biobío. Esta vez fue el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío (CPC Biobío), Álvaro Ananías, quien manifestó su preocupación por los efectos económicos y productivos de la iniciativa, actualmente en tramitación legislativa.
El dirigente gremial subrayó que este tipo de cambios normativos —como el que implica el proyecto de fraccionamiento pesquero— genera incertidumbre para las empresas, afectando directamente sus capacidades de planificación, inversión y generación de empleo. Por lo mismo, defendió el derecho de cada compañía a presentar acciones legales, como ya han hecho o anunciado algunas del rubro pesquero, que acusan una expropiación encubierta por parte del Estado.
"Desde CPC Biobío respetamos el derecho de cada empresa de tomar las acciones legales que considere pertinentes para resguardar sus intereses y garantizar la continuidad de sus actividades", expresó Ananías en conversación con La Tribuna.
El proyecto, que es impulsado por el Gobierno, plantea una nueva fórmula de distribución de las cuotas de captura de jurel, disminuyendo la participación del sector industrial para aumentar la correspondiente a la pesca artesanal. Desde el Ejecutivo, se ha argumentado al respecto que este ajuste busca equilibrar el acceso a los recursos marinos y fomentar el desarrollo de los pescadores artesanales.
Sin embargo, desde la multigremial regional el diagnóstico es otro.
"Lo relevante es el impacto que generan en las industrias los cambios en las certezas regulatorias. Modificar las reglas del juego afecta directamente a la planificación y ejecución de proyectos de inversión"
, señaló el líder gremial.Ananías enfatizó que "la estabilidad normativa es un factor clave para atraer inversiones y fomentar el desarrollo sostenible de la industria", advirtiendo que la incertidumbre en torno a la regulación puede derivar en la postergación o cancelación de proyectos productivos esenciales para el crecimiento económico del país y de la región.
"Cuando las empresas enfrentan incertidumbre respecto a las regulaciones que rigen su actividad, se ven obligadas a replantear sus estrategias, lo que puede derivar en la postergación o cancelación de proyectos esenciales para el crecimiento económico", insistió.
En esa línea, el representante de la CPC recalcó que una visión de largo plazo en las decisiones legislativas es esencial para garantizar "un marco jurídico predecible que permita a las empresas operar con confianza y contribuir al desarrollo del país".
El proyecto también ha suscitado apoyos desde sus principales beneficiarios. Desde la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Ferepa Biobío), su presidente Cristian Arancibia reafirmó, en conversación con La Tribuna, el respaldo del gremio artesanal frente a la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
"Volcar la pesca artesanal hacia el consumo humano es una necesidad urgente. Los pescadores deben preocuparse de atender tanto la demanda de la industria como la de los mercados locales", indicó Arancibia, quien además efectuó un llamado a las familias chilenas a incrementar el consumo de productos del mar.
Para Ferepa, este tipo de reformas son una oportunidad para que el sector artesanal amplíe su participación en el abastecimiento de alimentos y pueda desempeñar un rol más activo en el desarrollo económico territorial.
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