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El 15 se julio seguirá juicio laboral de ex empleados en contra de Casa García

Según el abogado que representa a los ex trabajadores, la empresa – que pidió su quiebra el año pasado - le adeuda la suma de 315 millones de pesos por concepto de remuneraciones, vacaciones e indemnizaciones por años de servicio.


 Por Juvenal Rivera

Casa García, protestas (2)

Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Salvo un receso de media hora, prácticamente ninguno de los abogados intervinientes y de los testigos se movió de frente al monitor en la audiencia de juicio laboral realizado vía Zoom, en el marco la demanda presentada por los ex trabajadores en contra de Casa García.

A esa instancia judicial se arribó luego que fuera acordado en la audiencia preparatoria -realizada a fines de diciembre- como respuesta a las acciones legales emprendidas por 42 de los 45 trabajadores de la tienda que reclaman el pago de sueldos, vacaciones proporcionales e indemnizaciones por años de servicio, entre otros haberes, que ascienden a los 315 millones de pesos. A lo anterior también se añaden los reajustes e intereses, así como las posibles sanciones por infracciones laborales.

En la jornada del juicio laboral de ayer, las partes rindieron las pruebas documentales y se tomó la declaración a varios testigos, principales ex trabajadores, para acreditar determinados hechos. Sin embargo, no llegaron los oficios solicitados a la Inspección del Trabajo y al Servicio de Impuestos Internos.

Debido a lo anterior, se fijó una nueva fecha para continuar el juicio que se agendó para el 15 de julio, a contar de las 9:30 horas. Se prevé que en esa jornada se dé por concluida esa fase y espere la dictación de sentencia, lo cual debiera suceder en un plazo de 10 días hábiles.

Al respecto, el abogado Cristopher Maureira, que representa a 42 de los 45 ex empleados de Casa García, sostuvo que el juicio va bien encaminado. Uno no puede anticipar la sentencia del juez pero a partir de las pruebas y antecedentes, la demanda debería ser acogida”.

Destacó la existencia de precedente a favor de los ex trabajadores que se produjo en el Juzgado de Letras de Chillán, instancia que falló a favor de una funcionaria de la tienda en esa ciudad. Esa persona demandó a la empresa hace un par de años, luego de autodespedirse, logrando que se reconociera la existencia de una unidad económica.

Dicho concepto busca demostrar que si bien los trabajadores estaban contratados con la razón social de una empresa, cumplían funciones para otras cinco que están relacionadas a la misma tienda.

Es que la sociedad Abad, García y Pons SpA – con la cual existía el vínculo contractual – no tiene patrimonio para responder con las acreencias de los trabajadores. Sin embargo, si el tribunal establece que se trata de una misma empresa con varias sociedades, las demás sociedades son solidarias y responsables con sus compromisos económicos pendientes, en particular, con los ex empleados.

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

El abogado Maureira recordó que varios de los ex empleados dedicaron más de 40 años de sus vidas a la casa comercial. La gran mayoría ahora está sin trabajo y con escasas posibilidades de encontrar ocupación en el rubro de ventas debido al cierre de locales por la pandemia del coronavirus.

En el caso de obtener un fallo favorable en Los Ángeles, el profesional adelantó que se debe exigir el cumplimiento de la sentencia con la búsqueda de dineros, el embargo de bienes y la retención de la devolución de impuestos a fin de pagar a los trabajadores.

Entre las principales acciones que están en curso, está la posibilidad de dejar sin efecto la venta de la tienda situada en una de las calles más céntricas de la ciudad de Concepción, la cual fue realizada en diciembre de 2018 y que les reportó ingresos por más de mil 200 millones de pesos a la compañía.

TRABAJADORES

Los trabajadores fueron notificados en los primeros días de octubre que la empresa no reabriría sus puertas, confirmando lo ocurrido el mes anterior cuando solicitó formalmente en el Juzgado de Letras la liquidación (quiebra) voluntaria de la empresa. Los abogados de la compañía mostraron informes y balances en que aseguraban que no podían hacerse cargo de deudas por más de 5 mil 300 millones de pesos con proveedores, bancos e impuestos.

Como parte del procedimiento, la liquidadora Bernardita Lavín – designada por el tribunal para llevar a cabo el proceso de quiebra – ordenó el remate de los bienes en la causa. Al cabo, fueron subastados zapatos, prendas de vestir, maniquís, computadores y muebles de oficina, cuya recaudación apenas superó los cuatro millones de pesos.

LA QUERELLA

El juicio laboral se produce un mes después que la liquidadora Bernardita Lavín interpuso una querella criminal en contra del representante legal, Rafael Abad García, dos de sus colaboradores y de todos aquellos que resulten responsables.

La acción legal fue acogida a trámite en el Tribunal de Garantía de Los Ángeles, a petición de la junta de acreedores, instancia que componen las empresas, bancos y particulares con quienes la tienda mantenga deudas reconocidas.

La presentación es por cuatro delitos contemplados en el artículo 463 del Código Civil, referidos a procesos reorganización y liquidación de activos de empresas y personas. Según el escrito, hubo movimientos de inmuebles y marcas comerciales con el fin de disminuir los activos de la Casa García, una “intención defraudadora” al no incluir mercadería, vehículos ni bienes raíces y una “conducta pasiva-omisiva” a la hora de informar sobre la situación contable.

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