Liquidadora interpone querella contra ex controlador y asesores de la Casa García

En un nuevo capítulo derivado de la liquidación voluntaria (quiebra) de la tradicional tienda Casa García, la liquidadora Bernardita Lavín interpuso una querella criminal en contra del representante legal, Rafael Abad García, dos de sus colaboradores y de todos aquellos que resulten responsables.

La acción legal fue presentaba y acogida a trámite en el Tribunal de Garantía de Los Ángeles, a petición de la junta de acreedores, instancia que componen las empresas, bancos y particulares con quienes la tienda mantenga deudas reconocidas.

La presentación es por cuatro delitos contemplados en el artículo 463 del Código Civil referido a procesos reorganización y liquidación de activos de empresas y personas, al asegurarse que hubo movimientos de inmuebles y marcas comerciales con el fin de disminuir los activos de la empresa, una intención defraudadora al no incluir mercadería, vehículos ni bienes raíces y una conducta pasiva-omisiva a la hora de informar sobre la situación contable.

LIQUIDADORA

La abogada Bernardita Lavín fue designada como liquidadora concursal por el Primer Juzgado de Letras de esta capital provincial en septiembre del año pasado, luego que la propia Casa García pidiera ese procedimiento al asegurar la existencia de deudas con sus acreedores por más de 5 mil 300 millones de pesos que no podía pagar.

De ese total, la compañía entregó balances que indicaban que $2.686 millones corresponderían a préstamos sin documentar que fueron otorgados por familiares y empresas relacionadas, mientras que los otros montos serían por facturas por pagar ($823 millones), otros $479 millones por pagarés, $371 millones correspondientes a facturas con proveedores extranjeros (principalmente de España), cheques ($316 millones), entre otros. En  materia laboral, solo admitieron deudas por $13 millones correspondientes al pago de cotizaciones previsionales aunque los ex empleados aseguran que ese monto supera los 315 millones de pesos.

Casa García sostuvo que las deudas fueron ocasionadas por la sostenida caída de las ventas debido a la competencia en el rubro del retail, elevados gastos operacionales por un sistema un modelo de operaciones añejo y obsoleto y apertura de una tienda en Chillán por de 750 millones de pesos sin que generara ganancias, a lo que se sumaron los efectos del estallido social de octubre de 2019 y de la pandemia del coronavirus en 2020.

ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTABLE

Sin embargo, la liquidadora Bernardita Lavín, una de cuyas misiones es revisar la situación contable de la empresa, hizo ver en la querella que pese a haberlo solicitado en varias ocasiones, no se le ha entregado la información necesaria (...), en consecuencia, no es posible determinar cuál es la verdadera situación contable de la empresa deudora, afectando además a la masa de acreedores.

En el requerimiento se detalla de varias situaciones en las que solicita la documentación, como libros contables, información de respaldo, cartolas bancarias y los balances de los años anteriores, pero no se le proporciona o se le entregan antecedentes incompletos.

Tanto el representante legal de la empresa deudora Sr. Ricardo Abad García, como sus dependientes y asesores, no han colaborado con la investigación del procedimiento, ni tampoco han entregado, por el contrario, entendemos han retenido la información necesaria e indispensable para llevar a cabo la liquidación, señala la acción legal en una de sus partes.

TIENDA Y MARCA

Uno de los puntos que se plantea en la querella criminal es el referido a la venta la tienda situada en pleno centro de la ciudad de Concepción y que era el único que figuraba a nombre de la Casa García.

Dicha venta fue realizada a fines de diciembre de 2018 por $1.700 millones a la Comercial Succeso Ltda., propiedad del empresario Faustino Alonso, dueño de la cadena de hoteles Diego de Almagro.

El punto es que ese contrato fue celebrado dentro del periodo sospechoso, establecido por la Ley 20.720, esto es dentro de los dos años anteriores a la dictación de la resolución de liquidación voluntaria.

Por otro lado, en mayo de 2019 se vendieron las marcas comerciales asociadas a Casa García entre Abad García y Pons Limitada e Inversiones e Inmobiliaria Abad SPA, resultando ser don Ricardo Rafael Abad García el representante legal de esta última, compraventa que fue realizada por una suma total de $25.175.000.

En ambos casos, la liquidadora asegura que no hay registros contables de los ingresos por concepto de la venta de la tienda penquista y de la marca comercial.

De hecho, en el caso del bien raíz, se está solicitando una acción civil revocatoria para dejar sin efecto la venta de dicho inmueble.

Además, en el escrito se  menciona que en la incautación e inventario de bienes de la empresa, solo se encontraron repisas, mesas y sillas, además de computadores antiguos, y solo un mínimo de mercadería. No se encontró ropa, zapatos, línea blanca, ni mobiliario de hogar, salvo unas pequeñas cajas con restos en estado regular, se acota.

De hecho, en febrero pasado salieron a remate dichos bienes que permitieron recaudar poco más de cuatro millones de pesos.

DELITOS

En el escrito, se asegura que el representante legal y sus asesores de la tienda realizaron una serie de movimientos de los activos entre ellos bienes inmuebles y marcas comerciales con el fin de disminuir los activos de la empresa.

También que hubo intención defraudadora por parte de los querellados, ya que al momento de la incautación no es posible ubicar más que bienes de menor valor, que en algún momento formaron parte de las sucursales, sin incluir mercadería ni vehículos, y mucho menos inmuebles, pese a ser de público conocimiento que la empresa funcionaba en distintas sucursales, de distintas ciudades de nuestro país.

Por otro lado, se afirma que la conducta pasiva-omisiva de parte de los representantes legales se ha ejecutado con la finalidad de que no sea posible conocer en profundidad cuál es la verdadera situación del activo y pasivo de la empresa deudora, ya que debiendo aportar los antecedentes o documentos exigidos por ley como requisitos mínimos para acogerse al procedimiento de liquidación voluntaria, se han mantenido inactivos y desinteresados de colaborar y cooperar.