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Santa Bárbara: la soterrada disputa por la isla de la discordia

Usado desde siempre por la comunidad santabarbarina como un espacio de recreación, hace poco se conoció que la isla Traiguén tiene un propietario. Sin embargo, informes en derecho elaborados por la Municipalidad de Santa Bárbara advierten posibles ilegalidades en el traspaso y los deslindes de la propiedad.


 Por Juvenal Rivera

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Una soterrada controversia está teniendo lugar en la localidad precordillerana de Santa Bárbara, donde algunos vecinos, junto a las autoridades comunales, cuestionan la validez de la propiedad de la Isla Traiguén, una extensión de tierra de unas 150 hectáreas ubicada en el lecho del Biobío al frente de la Plaza de Armas del pueblo.

Por décadas, la comunidad considera ese terreno como suyo, pero según las escrituras, hoy pertenece a la familia Risopatrón de Santiago, dueña de varios predios agrícolas en la zona central y un par más en las inmediaciones del pueblo.

Desconocidos para muchos, existen dos informes internos del equipo jurídico de la Municipalidad que advierten sobre supuestas ilegalidades en el traspaso y los deslindes de la propiedad, lo que podría anular algunos traspasos a través de los tribunales.

El tema explotó en octubre pasado, cuando un empleado de la familia Risopatrón, que reside en una de las entradas a la isla, fue denunciado al Municipio y Carabineros por estar recogiendo árboles cortados con maquinaria pesada. Según el trabajador, los arboles habrían sido cortados por otras personas y se habría tenido la autorización de un funcionario municipal, quien posteriormente negó haber dado permiso.

Días después, el 20 de octubre, hubo una reunión entre el alcalde Daniel Salamanca, otros funcionarios municipales, un vecino* y Gonzalo Risopatrón. En la reunión, la cual fue grabada con autorización, se conversó sobre lo sucedido y los posibles planes futuros, defendiendo Risopatrón sus derechos, pero abriéndose a conversar y e incluso a ceder legalmente porciones de la isla para un nuevo edificio consistorial.

En la reunión, Risopatrón reconoció no haber sabido la historia del terreno al comprarla en 2017. “Nos empezamos a dar cuenta de que había un tema de la comunidad con la isla. Yo no tenía idea”, declaró, aclarando no haber dado la orden para que su trabajador sacara árboles de debajo de las casas que colindan con el risco. En la ocasión, el agricultor reconoció también no conocer bien los deslindes del que sería su terreno.

Al plantearle el alcalde que muchos pensaban que había habido “situaciones irregulares” en el traspaso de la isla, el actual dueño del terreno defendió sus papeles: “Yo puedo creer todo lo que quiera. Otra cosa –gracias a Dios– es que en Chile existe el estado de Derecho y todavía funciona la propiedad privada. Otra cosa es lo que las leyes dicen y las escrituras dicen, y lo que el Conservador de Bienes Raíces dice, y eso es lo que prevalece”, agregando incluso que “la escritura dice que yo puedo llegar hasta la ciudad”.

Sin embargo, Risopatrón reiteró que su intención era conversar y lograr acuerdos con la Municipalidad, sin descartar incluso el traspaso legal de partes del terreno.

LA OSCURA HISTORIA DE LA PROPIEDAD

Las aprensiones planteadas muy someramente por el alcalde en la cita del 20 de octubre han sido debatidas apasionadamente en el Concejo Municipal, instancia en que se han cuestionado no solamente los traspasos, sino el hecho de haberse vendido un terreno inundable que se asume debe permanecer como bien fiscal.

“Es un tema tremendamente irregular que de la noche a la mañana aparezca un dueño de un territorio que ha sido históricamente isla. Es un terreno que se puede recuperar”, planteaba el concejal Héctor Quezada en una reunión del Concejo sostenida el día anterior a la reunión del alcalde con Risopatrón.

Similar argumento expuso en la reunión Edmundo Cofré, quien lleva seis periodos y 24 años como concejal: “Es inundable por las grandes avenidas que ha tenido el río. Sigo sosteniendo que la isla grande de Santa Bárbara, la puntilla que está al lado de la compuerta, eso es todo fiscal. Si realmente han vendido, el Estado o Bienes Nacionales o cualquier organismo del estado está cometiendo una irregularidad. Antes todos éramos dueños de la isla”.

De hecho, como lo recordó el alcalde en la cita con Risopatrón, las últimas inundaciones, antes más frecuentes, fueron en 1991 y en el año 2006.

El concejal llamó abiertamente, unos días después, a través de su programa radial en Radio Doña Bárbara, a intentar recuperar la isla. “Tenemos que ponernos en las coloradas todos, juntas de vecinos, los clubes deportivos, los clubes del adulto mayor, la gente que se puede unir… debe haber un aprovechamiento de los ciudadanos de Santa Bárbara de algo que es tan lindo. La laguna que algún año sirvió como balneario popular y las riberas del Biobío que eran usadas por tanta gente, tener un espacio para todos, no para unos pocos”, dijo al aire.

Aurelia Salinas, presidenta hace casi 20 años de la Junta de Vecinos de la Villa Claudio Arrau, era una de las asiduas usuarias y recuerda el pasado de la isla con nostalgia: “Íbamos siempre al río, a la isla, a buscar leña, a bañarnos al Biobío, a buscar mosqueta, por último a pasear, a buscar mora, era un paseo de todos los veranos”, recuerda la dirigente, quien agrega que en el pasado nadie impedía el paso a la gente que “iba a pescar, que iba a cazar conejos y a buscar leña”.

Por eso, a ella le cuesta creer que haya propietarios legales: “La isla ha tenido muchos dueños, pero realmente, dueños-dueños, yo creo que no. Esos son espacios de inundación. Yo tenía entendido que eran de Bienes Nacionales porque son terrenos inundables”.

LA HISTORIA EN EL CONSERVADOR

Sin embargo, desde 1910 que la isla aparece inscrita a nombre de particulares. Ese año, el fisco adjudicó en remate público la Isla Traiguén a don Hipólito Mera. La isla en ese entonces aparece con una superficie de solo 19 hectáreas. Mera la vendió el año 1923 a Ramón Zegpi en 8000 pesos, y ya en esa época la isla medía “más o menos 80 hectáreas”.

Luego el terreno pasó a los herederos de Zegpi, hasta que en 1987 fue adquirida por Nemesio Saavedra en 500 mil pesos. Saavedra a su vez la vendió en 1995 a Liborio Molina, quien pagó 16 millones de pesos por las 80 hectáreas. Posteriormente, Saavedra, en 1998, habría vendido las 80 hectáreas de la isla a Sociedad Ferias Biobío Limitada en 20 millones de pesos.

A fines del año 2003, Ferias Biobío actualiza los deslindes de la propiedad de 80 a 155 hectáreas, a través de gestiones legales hechas en una notaría de Los Ángeles y luego inscritas en el Conservador de Santa Bárbara.

Es esta actualización de deslindes, la que ha sido fuertemente cuestionada en los informes internos de la Municipalidad de Santa Bárbara, a los cuales La Tribuna tuvo acceso. Ambos son lapidarios en la supuesta ilegalidad de la actualización de deslindes efectuada el año 2003 que aumentó el tamaño de la propiedad a prácticamente el doble.

“Se encuentra en abierta contradicción con lo establecido en la jurisprudencia. El Conservador de Bienes Raíces de Santa Bárbara debió haberse negado, ya que la escritura citada solo constituye una declaración unilateral de voluntad sin resguardar los derechos de los poseedores colindantes”, dice el informe de 2016.

Dicha apreciación es ratificada en el reporte del 2020: “La referida actualización se realizó de manera unilateral. Esta actualización se debió efectuar al menos por medio de una escritura pública entre partes (terceros colindantes) o, en su defecto, y lo más pertinente al caso, por resolución judicial, pero nunca de la forma realizada”.

Fue ese terreno, con los deslindes actualizados por el cuestionado proceso, o sea la isla de 80 hectáreas que ahora medía 155, el que adquirieron el año 2017 los seis hermanos/as Risopatrón Riesco y su madre María Teresa Riesco Valdés. Lo hicieron a Inmobiliaria e Inversiones FBB Chile Limitada, una de las tres sociedades en las que el año 2012 se dividió Ferias Biobío Limitada. La compra fue por la suma de 200 millones de pesos, mil por ciento más de los 20 millones pagados en 1998.

La controversia está en pleno desarrollo. Mientras la Municipalidad considera seriamente interponer acciones legales que podrían –en teoría– anular las transacciones anteriores, y los vecinos comienzan a levantar la voz, en la isla se prepara el terreno para una plantación de avellano europeo y comienzan a crecer los quillayes plantados por la empresa Engie como compensación por el impacto ambiental de uno de sus proyectos.

La pregunta del millón la plantea el concejal Cofré: “¿Iremos a llegar tarde a recuperar el terreno que antes era nuestro?”.

Nota de la redacción: *El vecino en cuestión es Cristian Opaso, quien escribe este reportaje y es dueño de una propiedad al frente de la isla que deslinda con el río Biobío.

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