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Funcionarios públicos de Biobío se organizan para decidir futuro de emblemático edificio ANEF

Mientras el directorio nacional de la entidad resolvió la venta del inmueble, los funcionarios públicos a nivel provincial formaron una comisión pro-defensa del recinto a fin de ser tomados en cuenta sobre lo que se hará con el edificio.


 Por La Tribuna

11, 1, edificio anef

Corría el año 1971 cuando, con el aporte equivalente a un día de sueldo, los trabajadores del sector público de la provincia de Biobío financiaron la compra del edificio para la directiva local de Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

En su momento, se trató de un paso importante en la consolidación de la entidad gremial que agrupa a funcionarios de una decena de servicios públicos con presencia en la zona.

A lo largo de estos años, la ANEF usó básicamente uno de los cuatro pisos de la estructura como sede de la organización. Aunque con periodos de abandono, también hubo tiempos en que fue el punto de encuentro para reuniones y capacitación, además de ser lugar para más de alguna celebración por un aniversario institucional. Parte del resto de las instalaciones se arrendaron o se entregaron a organizaciones, como una de las asociaciones de fútbol amateur.

Sin embargo, el terremoto del 27 de febrero cambió de manera definitiva el destino de ese edificio que ocupa la parte central de la manzana comprendida entre las calles Ercilla, Tucapel, Mendoza y Lientur. Los daños ocasionados por esa catástrofe fueron considerables al punto que ahora le pesa un decreto de demolición emanado de la Dirección de Obras Municipales.

En la actualidad, a una década de ese episodio, el edificio ANEF ofrece un espectáculo lamentable y desolador, un verdadero lunar oscuro en el perímetro céntrico de la ciudad de Los Ángeles.

De hecho, los residentes en los bloques de departamentos contiguos manifestaron su preocupación por el riesgo que la estructura colapse por algún nuevo movimiento telúrico.

DECISIÓN CENTRALISTA

Esa inquietud llegó a oídos de la directiva nacional de la ANEF que, en septiembre del año pasado, tomó una determinación simple pero relevante: vender el recinto.

Ese antecedente fue corroborado ayer a Diario La Tribuna por el primer vicepresidente nacional de la entidad, Jorge Conzález, quien explica que se tomó la decisión, básicamente por los reclamos de los vecinos y porque si bien la propiedad fue comprada con aportes de los trabajadores públicos de Biobío, en términos formales la propiedad está a nombre de la ANEF.

“Los directorios nacional y regional tomaron la determinación de enajenar el recinto”, sostuvo aunque matizó esa decisión asegurando que “se están realizando distintos estudios y analizando alternativas para ello”.

FUNCIONARIOS EN ALERTA

A nivel local, la directiva provincial de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales se encontraba en receso hace tres años. De ahí que los representantes locales los servicios públicos se enteraron días después de la determinación tomada por los máximos representantes de la ANEF sobre la enajenación de emblemático edificio.

Por lo mismo, se comenzaron a reunir e inmediatamente se pusieron en campaña para que la opinión local fuera tomada en cuenta por los estamentos nacionales.

El hecho también fue reconocido por González quien precisa que “el año pasado se organizó un grupo de funcionarios públicos de la provincia con el objeto de reorganizar la ANEF de Los Ángeles y defender el edificio o, que si se llegara a vender, se utilicen los recursos o parte de ellos en una sede social en esa ciudad”.

Florentino López es parte de la comisión extraordinaria pro defensa del edificio ANEF que también integran Johana Valdebenito (Tesorería), Rogelio Saavedra y Arturo Pincheira (ambos del Servicio de Impuestos Internos), y Eduardo Velásquez (de la Dirección del Trabajo).

López dice que el propósito es que se respete la opinión de Biobío, tomando en cuenta que el recinto es considerado como propio por los trabajadores del sector público en la provincia, dado que su compra fue posible con el aporte monetario de los propios trabajadores.

Por lo pronto, precisa que la comisión ha hecho gestiones a todo nivel e, incluso, se han reunido con integrantes de la directiva nacional para hacer presente este punto.

A su juicio, el edificio no tiene ninguna posibilidad de ser reconstruido ni tampoco tienen la posibilidad de demolerlo con recursos propios por su elevado costo. Por lo mismo, sugiere que la alternativa más razonable es que los recursos que se obtengan por la venta del terreno, se utilicen en una nueva sede para la ANEF Biobío.

Aunque no hay una tasación comercial del terreno, se estima que su valor sería elevado dado que se encuentra emplazado en una zona de alta plusvalía.

En forma paralela, los distintos gremios de trabajadores del sector público en la zona dieron forma a una comisión electoral. Además de ser la antesala para reflotar la directiva provincial de la ANEF, la instancia gremial que ayudaría a tener más fuerza para hacer valer la voz provincial frente a las decisiones tomadas en el nivel central.

ORIGEN RELIGIOSO

Lo que ahora conocemos como edificio de la ANEF en sus orígenes, fue un convento para la formación de sacerdotes de la orden de los capuchinos.

Fue levantado en 1943, como parte de la remodelación de la parroquia San Francisco, destruida por el terremoto de enero de 1939. En sus instalación se formaron más de 40 futuros religiosos en materias como teología y filosofía hasta entrar en crisis por falta de vocaciones.

Años más tarde, las instalaciones del primer piso fueron usadas como salas de clases en la escuela San Francisco. Después, a principios de los ’60, ese lugar fue empleado para el funcionamiento del Instituto de Educación Rural (EIR) de la Universidad Católica, una suerte de escuela agrícola destinada a las familias campesinas. A fines de esa misma década, dicho instituto cerró sus puertas y, finalmente en 1971, los sacerdotes resolvieron la venta del recinto y de más de la mitad del terreno. De acuerdo al sitio web de la orden católica, la decisión de venta fue consecuencia de la inminente “toma” de la propiedad.

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