sábado 24 de agosto, 2019

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Diputada Joanna Pérez presentó proyecto de ley que sanciona como delito la emisión de malos olores

La parlamentaria DC señaló que tras recibir diversas denuncias de la comunidad por episodios de malos olores y sus posteriores efectos en la salud, decidió hacer la presentación de un proyecto de ley que regule los espacios de fiscalización y sancione las faltas a quienes sean responsables de emisiones contaminantes.


 Por Marisel Venegas

CONTAMINACIÓN

Marisel Venegas Díaz

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La contaminación por malos olores suele estar relacionada con las faenas industriales o con algún tipo de actividad humana que genere la emanación de contaminantes al medio ambiente. Ejemplos de esta situación es lo ocurrido en ciudades como Freirina, Puchuncaví y Quintero, donde la situación medioambiental ha llegado a límites críticos que han ocasionado la preocupación de la comunidad y de las autoridades. La provincia de Biobío no está exenta de episodios de malos olores, como lo que ocurre en la comuna de Los Ángeles con IANSA, o en el sector de San Carlos Purén con la lechería Ancali, en donde los vecinos que viven cerca de estos sectores se han manifestado en diversas ocasiones esperando acciones de mitigación por parte de las empresas y dando origen a mesas de trabajo que aboguen a la mitigación de los olores. También la comunidad de Nacimiento y Laja sufre de una situación similar producto de la actividad industrial, la que ha derivado en esfuerzos por subsanar este escenario tanto por parte de los municipios como de los servicios públicos y las empresas involucradas. 

En esta materia la diputada DC Joanna Pérez ha estado gestionando dos proyectos de ley. El primero tiene que ver con la incorporación de la definición de olor ofensivo y establecerlo como un agente contaminante, que puede ser motivo de denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente. En el segundo proyecto no solo se establece una diferenciación de olores graves y muy graves, sino que se establece además una definición de olor (que no estaba incorporada con anterioridad en la ley) así como también una definición de agente emisor de malos olores, para referirse a la persona o empresa responsable de generarlos.

LOS PROYECTOS

“Yo recibí denuncias de la comunidad por malos olores en torno a las faenas de las celulosas pero también asociadas al rubro agroindustrial y plantas de tratamientos de aguas servidas. Cada vez que se va a inspeccionar estas empresas ellos utilizan algunos desodorantes ambientales que impiden que se perciban los olores, de esta forma se evade la responsabilidad en la emanación de contaminantes y la gente se sigue viendo perjudicada. Si bien este tema depende mucho de la sensibilidad de cada quién es una problemática que se debe regular mejorando los espacios de fiscalización y sancionando el incumplimiento de la normativa”, sostuvo la parlamentaria. 

Lo primero que había que aclarar es que el olor es un agente contaminante, indicó Joanna Pérez, señalando que hace poco se votó en el senado un proyecto antiguo que había ingresado por la situación que se vivió en Freirina, además de este existe otro proyecto que es el que presentó en el mes de marzo y que incorpora el olor como agente contaminante pero no lo tipifica como delito, por eso en el mes de julio se presentó otro que sí sanciona y tipifica como delito la emisión de malos olores. “Luego de darme un tiempo de escuchar a algunas exautoridades en esta materia y también a los que trataron de hacer una política nacional en materia de olor y abordamos este proyecto que es más integral y tipifica el olor como delito en algunos casos como cuando genera molestias graves como náuseas y desmayos por ejemplo. Nosotros tenemos la obligación de procurar un ambiente sano y adecuado a la comunidad y este olor producto de distintas actividades industriales u otras genera muchos disturbios a la población”, indicó la diputada.

La parlamentaria indicó que se abordaron distintas fuentes contaminantes que se reconocen y generan problemas en la salud como por ejemplo el rubro agroindustrial, plantas de aguas servidas, sector forestal, entre otros.

El objetivo principal de estas iniciativas es establecer una distancia mínima entre los agentes emisores y las ciudades o poblados que se encuentran cerca de ellos, además de instaurar la acción de denuncia de malos olores y aumentar las multas a las empresas o personas emisoras.

LAS SANCIONES

Otro punto importante tratado por la parlamentaria democratacristiana tiene que ver con las multas, donde se indica que en el caso de acreditarse alguna emanación de olores que sea perjudicial para la salud por parte de las empresas o personas jurídicas que persigan fines de lucro se aplicará una sanción equivalente al 5% de los ingresos declarados en el año y si este mal olor es calificado como grave y causante de una reacción que afecte a muchas personas esta multa debería aumentar a un 10%. También se registrará un periodo de reincidencia en el que si en un plazo de 5 años contados desde la primera sanción ocurre otro la multa puede ser doblada en cada nueva oportunidad.


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