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Alto Bío Bío

Denuncian irregularidades financieras al interior de comunidad Aukín WallMapu

La comunidad firmó un millonario acuerdo con ENEL en 2017. A dos años de las rúbricas, la comunidad vive un quiebre basado en la repartición de las indemnizaciones.


 Por La Tribuna

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El 15 de marzo de 2019, un grupo de vecinos de Malla Interior, representados por Antonio Miranda Peña entregaron al gobernador, Ignacio Fica, vía Oficina de Partes, un documento que denuncia irregularidades financieras al interior de la comunidad Aukín WallMapu, tras la firma del convenio con ENEL por la inundación del llamado Lote 53 de Alto Biobío.

En concreto piden al ejecutivo que actúe como mediador y garante del acuerdo suscrito con la generadora de electricidad el 3 de febrero de 2017 que establece la reparación, como consecuencia de la inundación de los terrenos correspondientes a lo que fue un cementerio.

LA HISTORIA DEL ACUERDO

La investigación de Diario La Tribuna cuenta con el documento suscrito entre las familias cuyo cementerio fue inundado por el espejo de agua de la Central Hidroeléctrica Ralco, las únicas que pueden ser parte de un acuerdo cuya finalidad era “alcanzar y mantener una buena relación de vecindad entre la empresa y los habitantes de las localidades donde se ubican sus instalaciones, poniendo término de manera definitiva a la controversia originada por la inundación del sitio 53”.

“El convenio de colaboración y acuerdo transaccional entre ENEL Generación Chile S.A. Y María Cruz Curriao Reinado y Otros” establece además que la transnacional entregará $ 24 millones de pesos a cada beneficiario, el que puede acceder a ellos mediante la presentación de proyectos que aseguren la optimización de los recursos, en temas como: vivienda, educación, salud, desarrollo económico, medioambiente y entorno.

LA DENUNCIA

El convenio entre la comunidad y ENEL se firma con la señora María Curriao, quien es apuntada como la responsable de las irregularidades por quienes entregaron la carta a gobernador, pues es ella quien recibió un mandato de los firmantes para realizar todos los trámites frente al gobierno y la empresa, en síntesis, sus vecinos la eligieron a ella para representarlos.

El documento ingresado a la oficina de Partes indica: “la entrega de los dineros a la señora Curriao ha generado en nuestro sector graves problemas. Esta persona no ha entregado el dinero a las familias afectadas y ha estafado a más de una, haciéndolas firmar recibos que no dan cuenta de la verdadera cantidad que se entrega”.

La afirmación formulada por los responsables de la carta es grave y es avalada además con las denuncias de agresión, recibidas constantemente desde que comenzaron las denuncias durante 2017.

En este punto, La Tribuna ha intentado comunicarse con la dirigente, sin embargo su teléfono permanece fuera de alcance o apagado, por lo que hasta el momento ha sido imposible.

Antes de acudir al ejecutivo, Antonio Miranda dijo que se comunicó con ENEL para contarles lo que estaba sucediendo.

Aquí es necesario aclarar que ENEL ha cumplido con la entrega de sus compromisos bajo los documentos firmados por el notario de Santa Bárbara Ximena Hassi, quien el 25 de agosto de 2009 legalizó la representación de María Curriao a 25 familias afectadas por la inundación del Lote 53.

Esa representación fue la usada por la dirigente para firmar el acuerdo el 3 de febrero de 2017.

Sin embargo, el denunciante dijo que revocaron el mandato a Curriao, comunicándole, a través de una carta que señala: “Por medio de la presente, le comunicamos a usted que por escritura pública de fecha 17 de agosto de 2017, suscrita ante don Juan Mauricio Araneda Medina, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Los Ángeles, los mandantes María Juana Rodríguez Beroíza, Mario Segundo Curriao Curriao y Zenón María Curriao Coli, revocamos y dejamos sin efecto el mandato general amplio que le fue otorgado por Escritura Pública de fecha 25 de agosto de 2009 ante el Notario Público (…) Gonzalo Navarrete Villegas, repertorio número 444 – 2009”.

En concreto a 6 meses de haberle dado poderes amplios a María Curriao, tres afectados decidieron quitárselos y a un año y siete meses de aquello, pidieron la mediación del gobernador, pues denuncian no poder resistir más.

AGRESIONES EN 2017

Más allá de las denuncias sobre mal manejo de fondos, existen documentos judiciales que dan cuenta de agresiones y mandatos de dos tribunales distintos a la policía uniformada para la protección de los acusadores.

El primero está fechado el 25 de julio, un mes antes que la familia decidiera quitar el mandato a María Curriao y en él, tras Oficio Número 11908 – 2017 firmado por la Fiscal Adjunta de Los Ángeles se mandata a la Cuarta Comisaría de Santa Bárbara a que realice “Rondas periódicas de Carabineros de Chile al domicilio, vigencia: 40 (días)” para proteger a: María Angélica Chiguai Curriao, Cristhofer Miranda Chiguay, Antonela Miranda Chiguay y Zenon María Curriao Coli.

Cinco meses más tarde, el 7 de diciembre de 2017 una nueva medida cautelar, dictada esta vez por el tribunal angelino y firmado por el fiscal adjunto Jorge Sandoval bajo Oficio Número 19489 – 2017 que instruye a Carabineros con una medida cautelar que protege de agresiones por un plazo de 60 días a Marina Angélica Chiguai Curriao.

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