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La Tribuna

Sernac cumple 83 años de historia

por Alejandra Sánchez

La institución ha velado por los derechos de los consumidores y las obligaciones de las empresas en materia de consumo.

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Este domingo, 30 de agosto, el Servicion Nacional del Consumidor –Sernac- , cumplirá 83 años de historia, día en que se conmemora la creación del Comisariato General de Subsistencia y Precios, en el año 1932, primera institucionalidad relacionada con el consumo en nuestro país.

Este comisariato tenía entre sus facultades el poder tomar medidas para evitar el monopolio, resolver  reclamos, fijar normas de calidad, entre otras atribuciones.

En el año 1953, el Comisariato dio paso a la Superintendencia de Abastecimiento y Precios (SAP), que a su vez fue substituida en 1960 por la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco), la cual  centraba su labor en la fiscalización, fijaba precios, recibía denuncias de los consumidores, entre otras acciones.

Finalmente, en 1990 nació el Sernac y 7 años más tarde se promulgó la Ley del Consumidor, normativa que estableció los derechos de los consumidores y las obligaciones de las empresas en materia de consumo.

Es en estos últimos años, se han producido una serie de avances en la protección de los derechos de los consumidores. En 2001 y 2004 la Ley se modificó para incorporar nuevos derechos, como la posibilidad del retracto en cierto tipo de contratos, regular los abusos en las cobranzas extrajudiciales, terminar con la letra chica, facilitar la formación de asociaciones de consumidores y permitir las acciones colectivas.

PROYECTO DE LEY

El Director Nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, explicó que el proyecto de ley actualmente en tramitación en la Comisión de Economía del Senado, avanza de manera significativa en entregar al Servicio las facultades y recursos que son necesarios para vigilar adecuadamente el cumplimiento de la ley,  fortaleciendo la protección de los consumidores.

La autoridad manifestó que “existe una relación asimétrica entre los consumidores y las empresas, pues éstas no están obligadas a entregar una respuesta cuando existe un problema de consumo, y el servicio carece de facultades fiscalizadoras y sancionadoras”.

Es por esto, que Muñoz recalcó la importancia de este proyecto y afirmó que “esta iniciativa no sólo representa un desafío país, sino recoger un anhelo ciudadano sobre la necesidad de contar con una institución más fuerte y con las facultades claras y suficientes para defender a los chilenos y chilenas cuando sus derechos en materia de consumo han sido vulnerados”.

 

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