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La situación motivó un reclamo formal presentado en abril de 2026 ante la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la institución, mientras que la Dirección General de la CAJ confirmó a Diario La Tribuna que se iniciaron acciones administrativas para esclarecer los hechos denunciados.
En entrevista con Diario La Tribuna, Pamela Yáñez Castillo relató que acudió a la Corporación de Asistencia Judicial debido a que no contaba con recursos para contratar representación particular en una causa vinculada a pensión de alimentos.
La denunciante sostuvo que pasó varios meses intentando acceder a atención jurídica en la oficina de Los Ángeles, cuestionando además las condiciones de espera y el trato recibido durante el proceso.
Según relató, luego de varios meses logró obtener atención y se le asignó una abogada, instancia en la que entregó la documentación necesaria para iniciar la tramitación judicial.
Posteriormente, afirmó que permaneció durante semanas esperando avances en la causa, realizando consultas presenciales y contactos para conocer el estado del proceso.
De acuerdo con lo indicado por Pamela Yáñez, las dudas respecto al avance de la causa la llevaron posteriormente a consultar con una abogada particular, instancia en la que —según señaló— tomó conocimiento del estado judicial del proceso.
Según los antecedentes entregados por la denunciante, la primera audiencia preparatoria de la causa fue fijada para el 2 de diciembre de 2025, instancia en la que no habría existido comparecencia de la representación jurídica, siendo posteriormente reagendada una nueva audiencia para el 29 de enero de 2026.
Siempre de acuerdo con el relato de la usuaria, en esta última instancia tampoco se habría presentado la representación jurídica asignada por la Corporación. Yáñez aseguró que su abogada particular le informó que, tras esa situación, la parte demandada solicitó el abandono del procedimiento, lo que finalmente derivó en el cierre de la causa y la necesidad de reiniciar el proceso.
Pamela Yáñez explicó que decidió exponer públicamente el caso con el objetivo de advertir a otras usuarias que podrían enfrentar situaciones similares durante la tramitación de causas judiciales.
La denunciante agregó que, a su juicio, podrían existir problemas estructurales relacionados con la alta demanda de atención y la capacidad operativa de la institución.
Tras la consulta realizada por Diario La Tribuna, la Dirección General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío informó que actualmente se encuentran realizando acciones administrativas vinculadas al caso denunciado por la usuaria.
La institución agregó que Pamela Yáñez desistió posteriormente de los servicios entregados por la Corporación, situación que —según indicaron— quedó registrada internamente.
Finalmente, desde la CAJ Biobío lamentaron cualquier situación que pudiera afectar la confianza de las personas usuarias y señalaron que continuarán revisando los antecedentes vinculados al caso.
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