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Respecto de esta temática, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, junto a Gendarmería, lideran múltiples iniciativas orientadas a facilitar la transición desde el encierro hacia la vida en comunidad, mediante programas de formación, apoyo psicosocial, vínculos con el mundo laboral y coordinación intersectorial.
Según cifras proporcionadas por el seremi Carlos Uslar Venegas, más de 8.000 personas han accedido a oportunidades laborales durante 2024 y lo que va de 2025, lo que incluye a quienes cumplen condena en régimen cerrado y abierto.
No obstante, el foco en el sistema postpenitenciario, que trabaja con personas ya egresadas del sistema penal, revela cifras más acotadas pero estratégicas: solo 42 personas han logrado una colocación laboral formal en el mismo período, lo que destaca la urgencia de fortalecer estas instancias de apoyo en libertad.
—¿Qué significa en la práctica que una persona sea reinsertada en la sociedad?
Reinserción social significa que alguien que cometió un delito logra cambiar su conducta y reingresar a la comunidad respetando la ley. Es decir, que pueda vivir, trabajar y relacionarse como cualquier otro ciudadano, sin reincidir. En Chile, este es un eje fundamental del trabajo penitenciario. Gendarmería enfatiza que no se trata solo de una tarea institucional, sino de un compromiso que involucra a toda la sociedad.
—¿Qué acciones concretas ejecutan en la región para fomentar la reinserción?
En el Biobío, junto a Gendarmería desarrollamos programas de intervención psicosocial, educacional y laboral en los recintos penales. Existen talleres culturales, deportivos y de rehabilitación de adicciones. También están los Centros de Educación y Trabajo (CET), donde se realizan labores productivas y se entrenan habilidades laborales. Además, hay Centros de Reinserción Social y de Apoyo para la Integración, dirigidos a quienes cumplen penas sustitutivas o están por egresar.
—¿Qué rol tienen las alianzas externas en este proceso?
Trabajamos con institutos técnicos como Inacap y Virginio Gómez, y con empresas privadas que ofrecen capacitación o cupos laborales. Uno de los principales programas es el +R, que vincula directamente a egresados del sistema penal con empleadores, fomentando su contratación.
—¿Cuántas personas han accedido a oportunidades laborales tras pasar por el sistema penal en el Biobío?
Durante 2024 y lo que va de 2025, más de 8.000 personas han sido vinculadas a empleos, considerando tanto el sistema cerrado como el abierto en contexto de cumplimiento de condena. Esta cifra representa un volumen significativo de actividad institucional.
—¿Y qué ocurre con quienes ya egresaron del sistema penal?
Si se analiza exclusivamente el segmento postpenitenciario —es decir, personas que ya cumplieron condena y que reciben apoyo en libertad— los datos son más reducidos, pero ofrecen una visión precisa del trabajo de reinserción más allá del encierro.
—¿Qué muestran los datos del año 2024?
En ese período, el sistema postpenitenciario atendió a 291 personas, de las cuales 54 participaron en capacitaciones —42 hombres y 12 mujeres—. Como resultado, se logró la colocación laboral de 38 personas: 32 hombres y seis mujeres.
—¿Y en lo que va de 2025?
Hasta ahora, han sido atendidas 144 personas en este mismo segmento. No obstante, no se han desarrollado instancias de capacitación formal, y apenas cuatro personas han sido colocadas laboralmente: tres hombres y una mujer.
—¿Cómo se interpretan estas cifras?
Aunque más modestas que las globales, estas cifras reflejan la labor específica con personas en proceso de reinserción plena. El sistema postpenitenciario suele operar con menos visibilidad y con recursos más limitados, pero cumple un rol estratégico en la sostenibilidad de la reinserción, en aspectos como la desvinculación de redes delictuales, la reintegración comunitaria y la estabilidad laboral.
—¿Qué desafíos se identifican para este segmento?
Es fundamental retomar y asegurar la continuidad de las capacitaciones durante 2025, consolidar un enfoque de género en las estrategias de empleabilidad y robustecer las redes de intermediación laboral. La cifra total de colocaciones laborales desde este sistema durante 2024 y 2025 es de 42 personas, una base desde la cual se puede proyectar un fortalecimiento institucional más sostenido.
—¿Cuál es la reflexión institucional en este Día de la Reinserción Social?
Reiteramos nuestro compromiso con una política de Estado que no solo se limite al sistema penitenciario. Necesitamos una reinserción integral, que articule ministerios, empresas y sociedad civil. Tal como se está haciendo en reinserción juvenil, el futuro debe apuntar a planes intersectoriales que incluyan acceso a vivienda, empleo, salud mental, continuidad educativa y redes comunitarias.
Año 2024:
Año 2025:
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