Regístrate en nuestro newsletter
El hecho fue criticado por organizaciones de índole nacional, como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Su vocera, Javiera Zúñiga, lamentó que "para nuestro máximo tribunal esto no constituye ultraje de cadáver ni alevosía. Esta sentencia es tan incomprensible, como insensible e injusta, y se configura como una de las más nefastas para los derechos de las personas trans".
A nivel local, el presidente de la Fundación Vanguardista Divergente (Fuvadi) de Chile, Vladimir Urrutia, reaccionó con dureza frente al fallo del máximo tribunal, que desestimó la existencia de agravantes suficientes para configurar el delito más grave y, además, absolvió al imputado del delito de ultraje de cadáver.
Según los antecedentes del caso, Contreras Alarcón fue declarado culpable del delito de homicidio calificado en contra de Ever Albarrán, a quien golpeó y luego descuartizó. En su primera condena, el tribunal angelino lo había sentenciado a presidio perpetuo simple, es decir, cadena perpetua, pero con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 20 años, además de 541 días por ultraje de cadáver.
Sin embargo, la Corte Suprema anuló ese fallo y dictó una nueva sentencia de 15 años por homicidio simple, sin pena adicional por el ultraje, estimando que no se pudo acreditar el ánimo de menosprecio exigido por la ley para ese delito.
La resolución generó indignación en organizaciones vinculadas a la comunidad LGBTIQA+, como Fuvadi Chile, y de derechos humanos, ante la posibilidad de que el autor del crimen pueda eventualmente acceder a beneficios carcelarios y reducir su condena.
El dirigente acusó además una falta total de respuesta institucional: "Yo necesito que una persona del Estado o alguien del Poder Judicial le explique a los medios de comunicación qué pasó acá. ¿Por qué tenemos esta herramienta legal?". A juicio de Fuvadi, ha existido "un cierto abandono" hacia la familia de la víctima y las comunidades que acompañaron el proceso.
Urrutia lamentó la diferencia de trato en comparación con otros delitos violentos que sí reciben condenas más duras.
En un tono más duro, afirmó que "aquí hay un abandono social. Alguien me dice que esto no es un crimen de odio. No, señores, todo el proceso de Ever Albarrán ha sido un crimen de odio en general".
Para Urrutia, el problema no es únicamente jurídico, sino político: apuntó directamente al rol del Congreso y criticó duramente a los parlamentarios por no impulsar leyes que permitan sanciones proporcionales en casos como el asesinato de Ever.
En su crítica más frontal, el presidente de Fuvadi llamó a los legisladores a asumir su responsabilidad y dejar de deslindar culpas en el Poder Judicial.
A su juicio, el problema está en la base: en un ordenamiento jurídico que no contempla agravantes ni penas ejemplares para crímenes de esta naturaleza. Lamentó que ningún parlamentario del distrito, con excepción de la diputada Emilia Schneider —de otra región—, haya reaccionado frente a este fallo.
Urrutia subrayó que las organizaciones sociales pueden acompañar a las víctimas, visibilizar los casos y hacer campañas, pero no tienen el poder de cambiar las leyes: "Esas respuestas las tienen que dar quienes hacen las leyes, no nosotros".
Finalmente, expresó su frustración ante la sensación de impunidad que podría instalarse: "Yo no quiero llegar al punto de decirle a la ciudadanía: si quiere matar a alguien, descuartícelo y no le robe nada, porque le van a dar menos años. Pero es esa la dicotomía que está instalando el sistema".
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
