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El conflicto se concentra en el perímetro cercano a avenida Bombero Francisco Rioseco, entre Las Azaleas y calle Manquehue, donde comerciantes no autorizados se instalan fuera del tramo regulado establecido en calle Santiago. Los residentes enviaron una denuncia formal a través del WhatsApp de Diario La Tribuna, detallando las irregularidades que califican como "perjudiciales para la comunidad".
"Quienes se atreven a reclamar han recibido amenazas, incluyendo el uso de armas, lo cual representa un riesgo real para la seguridad de los vecinos", señala el documento enviado al municipio a raíz de la situación. Los residentes denuncian que esta clase de actos intimidatorios han silenciado las quejas vecinales, generando un clima de temor.
El caso contemplaría múltiples infracciones, como destrucción de las áreas verdes comunitarias donde se instalan los puestos, obstrucción del tránsito peatonal y vehicular, que afecta especialmente a personas con movilidad reducida, y contaminación acústica por megáfonos y música a alto volumen.
En febrero de 2024, el alcalde de Los Ángeles había advertido respecto del caso que "o se ordena o se elimina, no hay otra alternativa", lo que implica un compromiso a tomar medidas contra el comercio informal. Sin embargo, los vecinos aseguran que la situación empeoró en lugar de mejorar.
Los residentes acusan también inacción municipal y posible complicidad frente al caso. "Funcionarios municipales que deberían fiscalizar estas actividades han optado por ignorar completamente la situación, e incluso se han identificado casos en los que estos mismos funcionarios concurren a la feria como clientes", detalla el escrito.
Consultada por Diario La Tribuna, la Municipalidad de Los Ángeles reconoció la problemática y anunció acciones. "Se está trabajando para ordenar la feria de las pulgas, ya que es importante que no se genere un punto de delincuencia y desorden. Es importante ver quiénes tienen realmente el permiso para vender, y eso se está gestionando", señaló la administración comunal.
Los vecinos exigieron tres medidas concretas: intervención municipal para retirar a comerciantes no autorizados, presencia preventiva de Carabineros durante los días de funcionamiento de la feria, e investigación de responsabilidades administrativas por la inacción de funcionarios municipales.
Los residentes aclararon que no se oponen al comercio regulado, sino a las condiciones actuales de funcionamiento fuera del perímetro legal. La feria autorizada debe operar exclusivamente en calle Santiago, entre avenida Bombero Rioseco y Galvarino, pero el comercio ilegal se ha extendido.
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