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Durante la sesión del Concejo Municipal de Los Ángeles de este viernes, nuevamente salieron al tapete los reclamos por los puestos situados en el entorno a la Feria de Santiago Bueras (al poniente de la ciudad) que copado las calles y pasajes adyacentes, afectando a los vecinos de las poblaciones contiguas.
Según los residentes, la feria se ha extendido de manera descontrolada, principalmente a lo largo de la avenida Bombero Francisco Rioseco, generando inconvenientes en la vida cotidiana de la comunidad y dificultando el tránsito en el área residencial.
El problema de los comerciantes informales se viene arrastrando de hacer algunos años sin que las autoridades tomen medidas para resolverlo.
Durante la administración del exalcalde Esteban Krause se intentó regular la situación, pero en ningún momento se llegó a una solución concreta y se heredó a la administración siguiente. Ahora, bajo la gestión del alcalde José Pérez Arriagada, el debate ha resurgido con más fuerza, exigiendo una resolución urgente.
El concejal Daniel Badilla, que fue quien llevó el tema al Concejo Municipal, afirmó que la normativa vigente establece un límite de 250 puestos comerciales en la feria, pero actualmente se estima que hay más de 500.
El alcalde José Pérez secundó sus palabras en la sesión del cuerpo colegiado, asegurando que "hemos recibido numerosos reclamos al respecto, por lo que debemos tomar una decisión definitiva: se ordena de forma definitiva o tendremos que eliminarla".
Después, el jefe comunal matizó sus palabras reconociendo que no contempla una medida tan drástica, pero enfatizando la necesidad de respetar los acuerdos establecidos. "Nunca pensé en llegar al extremo de cerrar la feria, pero debemos garantizar el respeto hacia los vecinos y actuar con altura de miras. Si su funcionamiento está afectando al sector, tomaremos las medidas necesarias", concluyó.
Si bien algunos vecinos reconocen que el tramo regulado de la feria —ubicado en la calle Santiago, entre Bombero Rioseco y Galvarino— funciona con relativa normalidad, el principal foco de conflicto se encuentra en el comercio ilegal que ha invadido la avenida Bombero Francisco Rioseco, desde Las Azaleas hasta calle Manquehue.
Los residentes han denunciado múltiples irregularidades asociadas a estos puestos informales, como el arriendo de los espacios y las precarias condiciones de higiene después de cada jornada de venta. Según relatan, los comerciantes dejan la mercadería sobrante cerca de la multicanchadel sector, generando un mini basural que termina afectando a la comunidad, la cual tiene que encargarse de retirarla.
Otro punto de conflicto son las incivilidades, como que los locatarios orinan en los pórticos de las viviendas aledañas y en las áreas verdes, a plena vista de quienes transitan por el lugar.
La presidenta del sindicato Nro 6, María Zúñiga, que representa a los comerciantes instalados hace más de 30 años en el sector, defendió a sus asociados y aseguró que los responsables son otras personas que han ocupado las calles y pasajes del entorno.
"Hemos sido invadidos por personas que se dedican a vender de todo", aseguró la dirigenta, quien afirmó que el problema se inició en 2023 y que, pese a que lo han solicitado en numerosas ocasiones al municipio, "pero han hecho oídos sordos y no hemos encontrado soluciones, nada".
María Zúñiga afirmó que su organización - compuesta por 355 socios y 155 eventuales - sigue ocupando exactamente el mismo espacio que les fue asignado hace tres décadas (calle Santiago y la mitad de los pasajes Chacabuco y Lago Todos los Santos), preocupándose de mantener limpio y ordenado el entorno.
Sin embargo, los informales nuevos - que suman más de 300 puestos - se ubican inmediatamente a continuación, copando las calles calle Galvarino y Bombero Rioseco hasta alcanzar los pasajes interiores, impidiendo la circulación de personas y vehículos.
Aseguró que cuando han querido buscar soluciones, se han encontrado con personas violentas que incluso los han amenazado con armas de fuego.
A su juicio, la solución pasa por la intervención de Carabineros e inspectores municipales para que retiren a quienes estén de manera irregular en el sector.
María Zúñiga no descartó organizarse y reclamar para mantenerse en el mismo lugar donde han estado por más de 30 años, siendo una alternativa para numerosas familias que no tienen otra fuente de ingresos.
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