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En ese pequeño universo de toldos y cultura local, no todo es comunidad ni colaboración. Bajo la sombra de lo que debiera ser un espacio compartido, los anticuarios denuncian exclusión, persecución y una constante amenaza de expulsión por parte de la agrupación que organiza los cupos para poder operar en el lugar.
Mabel no tiene agrupación ni respaldo institucional. Fue expulsada de la organización a la que pertenecía tras denunciar irregularidades, y desde entonces ha vivido una guerra silenciosa: no puede formalizarse ni acceder a un lugar fijo sin ser aceptada por otra agrupación.
"Mi puesto se llena porque la gente valora lo que vendo, pero eso molesta. El éxito en este lugar, a veces, se paga caro", comenta.
Vive con su hija, su nieta y otros dos familiares. Tiene una credencial de discapacidad, es parte del 40% más pobre del país y sostiene el hogar con lo poco que genera vendiendo sus artículos en la plaza.
"Esto no es solo un negocio, es el pan de cada día. Si no vendo, no comemos", cuenta.
Su hija trabaja como bodeguera para cubrir las cuentas básicas del hogar. Todo lo demás —el pan, el gas y lo mínimo para poder vivir— corre por cuenta de su negocio y la pensión de invalidez que recibe mensualmente.
Mabel llegó desde Valparaíso a Los Ángeles hace 20 años. Se ha dedicado toda su vida a la labor de anticuaria, para lo cual ha realizado distintos cursos con el fin de ofrecer un artículo cultural de calidad y con identidad para cada uno de sus clientes.
Es una restauradora autodidacta, conocedora de la numismática y la filatelia. "Yo no vendo cachureos. Cada objeto tiene una historia y cultura. Pero nos tratan como basura", afirmó sobre la calidad de sus productos
Para poder comerciar en la Plaza Pinto, el sistema no exige patente ni permiso, pero sí pertenecer a una agrupación, las cuales administran los cupos del lugar. Sin eso, el acceso se cierra.
Según Mabel, para quienes están fuera del círculo de la agrupación, el panorama es hostil.
"Me echaron por hablar de corrupción, y aunque ya no me instalo donde estaba, igual me persiguen", afirma.
Asegura que en los últimos meses ha sido objeto de fiscalizaciones constantes por parte de funcionarios municipales, enviados —según ella— con la intención de multarla por instalar su puesto sin el respaldo de las agrupaciones que operan en el lugar.
"Los inspectores me conocen y no me quieren multar. Pero la presión es mucha", revela Mabel a La Tribuna.
Debido a la acumulación de advertencias por parte de los inspectores municipales, Mabel decidió desistir de instalarse en la plaza durante esta semana, por miedo a que finalmente sea multada y acumule otro gasto más en su delicada situación.
Otro afectado es don Miguel, el anticuario de la Librería Móvil que tradicionalmente se instala en la intersección de las calles Baquedano con San Martín.
Tiene permiso para funcionar, pero su biblioteca móvil —un rincón cultural ambulante— está bajo amenaza constante.
"Quieren eliminarlo porque fue presidente de la agrupación anteriormente. Ahora lo castigan por rencillas personales", denuncia su colega.
Mientras se discute la formalización del comercio ambulante y la regulación de los espacios públicos, los anticuarios —restauradores, recicladores y memoriosos del pasado— siguen en la incertidumbre.
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