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Así lo constató la Contraloría General de la República (CGR) en su cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde se identificaron múltiples infracciones a la Ley Nº 21.389.
Dicha normativa, vigente desde 2022, prohíbe la entrega de licencias de conducir a quienes adeuden pensiones alimenticias. Sin embargo, el informe reveló que el 70% de los municipios del país han incumplido la disposición, con un total de 3.432 licencias emitidas a personas que adeudan un monto global de $17.473.007.109 por concepto de pensiones alimenticias correspondientes a 4.706 beneficiarios.
En la Región Metropolitana, el 94% de las municipalidades fueron identificadas como infractoras. Además, seis comunas encabezaron la lista de mayores irregularidades, superando las 100 licencias entregadas de manera indebida: Antofagasta (172), La Granja (117), Lo Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).
La CGR recordó que es responsabilidad del funcionario municipal encargado verificar si el solicitante está inscrito en el Registro Nacional de Deudores. En caso de no cumplir con esta obligación, podrá ser objeto de sanciones disciplinarias, con multas que van desde el 10% hasta el 50% de su remuneración.
El análisis también evidenció que 65 funcionarios municipales lograron obtener o renovar su licencia de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan, pese a estar inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Asimismo, el documento reveló que 482 personas con deudas de pensión alimenticia eran familiares de funcionarios municipales en los municipios donde obtuvieron su licencia, lo que levanta dudas sobre posibles conflictos de interés o irregularidades en el proceso de otorgamiento.
Ante estos antecedentes, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la CGR anunció que evaluará futuras fiscalizaciones para confirmar las irregularidades y aplicar las medidas correctivas necesarias.
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